Según Gestión, el gobierno de Perú, bajo la administración de José Balcázar, ha presentado al Congreso un proyecto de ley que busca impedir el ingreso de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. Este mecanismo, aprobado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, establece que cualquier producto importado, ya sea totalmente o parcialmente fabricado con trabajo forzoso, será excluido del mercado peruano. El proceso incluye la elaboración de una lista de empresas y productos afectados, mediante consulta con las autoridades del país de origen. El proyecto prevé que estas entidades públicas identifiquen las sanciones vigentes por trabajo forzoso, y que los ministerios utilicen esa información para tomar decisiones sobre el acceso de mercancías al territorio nacional. Una vez completado el análisis, los órganos encargados remitirán los datos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que será responsable del seguimiento y, en caso de incumplimiento, podrá decomisar los productos en cuestión.
Este tipo de medida, aunque se justifica bajo el enfoque de alineación con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ocurre en un contexto geopolítico sensible. El pasado 2 de julio, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció una investigación masiva sobre Perú, liderada por la Oficina del Representante Comercial (USTR). Esta acción, que afecta directamente a las cadenas de suministro de minerales estratégicos, pone de manifiesto el interés de EE.UU. en controlar las fuentes de materiales clave como el litio, el cobalto y el níquel, fundamentales para la industria de energías limpias y tecnologías de vanguardia. Dado que Perú es uno de los mayores productores mundiales de estos recursos, su posición en el mapa comercial global se vuelve crítica. Los minerales críticos no solo influyen en la producción de baterías, sino que también son pilares de la transición energética que impulsa a muchos países, incluido el Perú.
Para los consumidores y pequeños empresarios peruanos, este escenario implica una mayor transparencia en las cadenas de suministro. Si bien el proyecto busca proteger los derechos laborales, también puede afectar la competitividad de productos locales, especialmente si las regulaciones se aplican de forma rigurosa y sin mecanismos de revisión adecuados. Es fundamental que el país evalúe no solo las intenciones del gobierno extranjero, sino también las posibles consecuencias sobre su economía, sus exportaciones y su capacidad de mantener una política comercial equilibrada. En un entorno donde los recursos naturales son cada vez más valorados, Perú debe asegurar que sus procesos de regulación sean justos, verificables y alineados con sus propios intereses nacionales.