Según Gestión, Perú se encuentra entre los 18 países latinoamericanos donde el desempleo juvenil alcanzó un pico en casi una década. El informe Global Employment Trends for Youth de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que, al cierre de 2025, la tasa de desempleo de jóvenes entre 15 y 24 años se ubicó en 11,8%, superando así el promedio regional. Este nivel representa el más alto registrado desde 2016, sin considerar el periodo de pandemia. La brecha frente a otros segmentos de la fuerza laboral es notable: mientras los trabajadores de 25 a 54 años enfrentan una tasa de desocupación de cerca del 4%, los jóvenes registran una cifra que es casi el doble. El incremento en esta franja de edad se ha consolidado desde 2024, cuando el indicador ascendía a 10,9%, y ha crecido hasta 11,8% en 2025.
La dinámica de empleo para jóvenes se ve obstaculizada por un círculo vicioso: para acceder a empleos formales, se requiere experiencia, pero esa experiencia solo se adquiere mediante un empleo previo. Paola Cotrina, especialista de Horizonte Laboral, señala que el promedio para que un joven obtenga su primer puesto formal es de 4,6 meses. Si ya posee experiencia previa, este tiempo se reduce a apenas 0,8 meses. Sin embargo, este proceso se ve obstaculizado por el costo que asumen las empresas al contratar a personas sin experiencia. Dado que las micro y pequeñas empresas representan la mayoría del sector peruano, esta barrera tiene un impacto particularmente fuerte en su operación.
Este escenario alimenta una tendencia creciente: el 73% de los jóvenes entre 18 y 29 años laboran en condiciones informales. Aunque el acceso a empleos se ha incrementado, la calidad de estos puestos no lo es. Cotrina destaca que el 70% de los contratos formales en Perú son temporales, lo que dificulta la estabilidad laboral y el desarrollo profesional a largo plazo.
Para los jóvenes peruanos, este panorama implica una realidad más allá de cifras: muchas veces, el camino hacia el empleo formal es un proceso lento, inseguro y sin garantías. La informalidad no solo limita ingresos, sino que también erosiona el acceso a beneficios como salud, pensiones o protección laboral. En un contexto donde el mercado laboral está en transformación, es clave que el gobierno y el sector privado trabajen juntos para diseñar políticas que reduzcan barreras de entrada y promuevan formación técnica desde edades tempranas. Así, se podría evitar que el desempleo juvenil se convierta en un indicador de desigualdad estructural que afecte a las próximas generaciones.