Segun Gestión, en Perú existen 2 millones de jóvenes que enfrentan desempleo o trabajan en condiciones informales, lo que evidencia una brecha estructural en el acceso al empleo formal. Este escenario se agrava cuando las empresas implementan políticas salariales que excluyen a trabajadores sindicalizados, generando interrogantes sobre si tales diferencias constituyen una forma de discriminación. Aunque las empresas pueden establecer mecanismos internos de ajuste salarial —basados en desempeño, antigüedad o evaluaciones individuales—, la aplicación de esas políticas debe garantizar una equidad objetiva. El caso analizado por el Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) revela que la exclusión de trabajadores afiliados a sindicatos de políticas salariales específicas no es automáticamente un acto discriminatorio.
La inspección de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) detectó que una empresa aplicaba incrementos salariales únicamente a empleados técnicos a tiempo completo, sin incluir a los trabajadores que forman parte de una organización sindical. La empresa argumentó que su política interna se diferenciaba de la negociación colectiva, que regula los aumentos para los sindicalizados. No obstante, el TFL cuestionó la validez de esa justificación. El tribunal señaló que no se demostró claramente por qué la condición de afiliación a un sindicato justifica una exclusión salarial. Además, se observó que los factores mencionados —como desempeño individual, ratings o curvas salariales— no fueron evaluados de manera uniforme, lo que genera dudas sobre la coherencia de la política. La entidad concluyó que la falta de un análisis riguroso de las razones detrás de la exclusión no permite establecer una vinculación directa entre la afiliación sindical y el monto salarial.
Para el lector peruano, este caso tiene un peso significativo. Muchos jóvenes que ingresan al mercado laboral en contextos informales o en sectores vulnerables, como servicios o manufactura, no tienen acceso a representación sindical. Si las empresas aplican políticas salariales que no consideran esta realidad, el resultado es una desigualdad que afecta no solo el bienestar económico, sino también la estabilidad social. Aunque los mecanismos internos de ajuste pueden ser válidos, su implementación debe ser transparente y evitar cualquier forma de exclusión por condición de afiliación. En un entorno donde el empleo formal sigue siendo limitado, es fundamental que las políticas laborales promuevan la inclusión, no solo en teoría, sino en la práctica diaria de los puestos de trabajo. La responsabilidad no solo recae en las empresas, sino también en los organismos que regulan el sector para asegurar que las decisiones salariales no perpetúen desigualdades estructurales.