Segun Gestión, el Gobierno peruano oficializó su Política General de Gobierno para los años 2026-2031 mediante el Decreto Supremo 127-2026-PCM. Este marco establece tres metas fundamentales: restaurar la seguridad pública, impulsar el crecimiento económico y transformar las decisiones gubernamentales en resultados concretos. El responsable del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, destacó que el plan se articula alrededor de cinco ejes estratégicos, cada uno diseñado para reducir desigualdades sociales y proteger derechos básicos de la población. Uno de estos ejes se centra en disminuir la inseguridad que afecta directamente la vida diaria, la salud y las actividades económicas. Otro aborda la exposición de comunidades y ecosistemas a fenómenos climáticos extremos. Un tercero busca potenciar el desarrollo humano a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez. El cuarto enfatiza la mejora de la productividad nacional, promoviendo empleo formal y la integración económica de zonas rurales y periféricas. Finalmente, el quinto eje busca consolidar el funcionamiento democrático del Estado, fortaleciendo instituciones y mecanismos para resolver conflictos. La norma legal detalla que estos objetivos se desglosan en al menos 30 lineamientos operativos, que deben ser implementados por todos los niveles del Poder Ejecutivo, desde el central hasta los gobiernos regionales y locales, dentro de sus competencias específicas.
Uno de los puntos clave de esta estrategia se centra en potenciar la productividad de las micro y pequeñas empresas (mypes), cooperativas y asociaciones. El primer lineamiento establece la necesidad de aumentar la competitividad y productividad de estas unidades, al fortalecer su conexión con el mercado, mejorar su acceso a financiamiento, impulsar su desarrollo digital y capacitar en gestión, innovación y técnicas productivas. El segundo lineamiento prioriza el acceso a empleos formales y dignos, especialmente para jóvenes, quienes representan un segmento crítico en el desarrollo económico del país. Aunque el crecimiento económico regional de Perú ha sido destacado, el incremento en la recaudación fiscal no ha sido proporcional. Esto sugiere que la evasión fiscal sigue siendo una barrera significativa para el financiamiento público, lo cual afecta la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud y educación.
Para los peruanos, este marco representa una oportunidad de transformación estructural. Las mypes, que conforman más del 90% de las empresas del país, son pilares clave para la creación de empleo y el desarrollo local. Si se logran mejorar sus capacidades técnicas y su acceso a mercados, el impacto en la economía será directo. Además, el enfoque en empleo formal no solo beneficia a jóvenes, sino que también contribuye a reducir la informalidad, un fenómeno que ha afectado años a la estabilidad financiera del país. Aunque el crecimiento regional es prometedor, los datos indican que sin controles efectivos sobre la evasión fiscal, los beneficios del crecimiento no se traducirán en mejoras reales para la mayoría de la población. La implementación exitosa de estos lineamientos dependerá de la coordinación entre sectores públicos y privados, y de políticas que garanticen transparencia y equidad.