Segun Gestión, las empresas peruanas están siendo llamadas a reforzar sus protocolos de prevención ante emergencias, especialmente en un contexto de creciente exposición a eventos sísmicos, como los ocurridos en Venezuela y Colombia este año. La Sunafil, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de normas laborales, ha iniciado una campaña de cartas inductivas dirigidas a empleadores, con el objetivo de detectar omisiones en la implementación de medidas de seguridad. Estas acciones buscan garantizar que las organizaciones cuenten con un Plan de Emergencia vigente, actas que certifiquen la existencia de brigadas de emergencia y registros detallados de capacitaciones y simulacros realizados.
El abogado laboralista Brian Ávalos destacó que las empresas tienen una obligación legal de proteger a sus trabajadores, lo que incluye capacitarlos en primeros auxilios y establecer mecanismos de respuesta ante crisis. Cada situación que ocurra dentro del entorno laboral debe ser gestionada como una responsabilidad corporativa, no solo desde un punto de vista técnico, sino también desde una perspectiva de gestión integral. La presencia de una brigada de emergencia, bien estructurada y actualizada, es clave para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier situación crítica.
Además, Juan Valera, otro especialista en derecho laboral, recomendó una serie de acciones prácticas: mantener los sistemas de drenaje limpios, reforzar las instalaciones eléctricas, identificar claramente las zonas de emergencia y asegurar que las rutas de evacuación estén despejadas. También subrayó la necesidad de disponer de equipos de protección personal, especialmente en entornos expuestos a condiciones climáticas extremas o a riesgos sísmicos. La efectividad de estas medidas depende no solo de la existencia de documentos, sino de la frecuencia con que se realizan las capacitaciones y simulaciones.
Para los trabajadores peruanos, este escenario plantea una realidad tangible: vivir en un país donde las zonas sísmicas son frecuentes, y donde la infraestructura puede verse afectada por eventos naturales. La implementación de protocolos de emergencia no es una cuestión opcional, sino un pilar de seguridad colectiva. Las empresas que no actúan ahora podrían enfrentar sanciones por incumplimiento, mientras que las que se preparan de forma proactiva protegerán tanto a sus empleados como a sus activos. En un contexto donde el riesgo sísmico es real y constante, la preparación es una inversión estratégica, no una medida administrativa.