Según Gestión, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) instó al Congreso a actuar con prontitud en el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. El organismo empresarial destacó que el plazo para decidir sobre el trámite concluyó el viernes 18 de setiembre, y alertó que el país no puede seguir esperando. En un comunicado, vinculó la urgencia de tomar decisiones con tres desafíos clave: reducir la inseguridad ciudadana, prevenir riesgos derivados del fenómeno de El Niño y recuperar el empleo y la inversión.
El gremio exigió que el legislativo evalúe con responsabilidad el conjunto de 66 puntos solicitados, y que apruebe medidas que permitan abordar estos temas de forma efectiva. Destacó que cualquier delegación de poder debe ser clara, delimitada y sometida a control, acompañada de plazos definidos, metas medibles y mecanismos de rendición de cuentas. No se trata de otorgar al gobierno un espacio sin límites, sino de entregar herramientas concretas para actuar y exigir resultados.
La necesidad de una respuesta inmediata fue reiterada por Confiep, especialmente en contextos como la lucha contra la delincuencia, la preparación ante eventos climáticos extremos y el fortalecimiento de la economía. Cada día sin una decisión impacta directamente en la estabilidad de los sectores económicos y sociales, afectando la confianza de inversionistas, trabajadores y ciudadanos.
Para el lector peruano, estas decisiones no son meros asuntos técnicos de gobierno. Son instrumentos que determinan el rumbo de su cotidianeidad. Si el Estado no actúa con claridad y eficiencia, el crecimiento económico se ralentiza, las inversiones se retrasan y las comunidades enfrentan mayores riesgos. En un contexto donde las crisis climáticas y sociales se intensifican, el poder legislativo debe convertirse en un catalizador de acción, no en un obstáculo de demora. La falta de respuestas rápidas alimenta la incertidumbre, que a su vez disminuye la motivación de los empresarios y los trabajadores para participar en el desarrollo nacional.
La apropiación de facultades debe ser un proceso transparente, con seguimiento público, para que la ciudadanía no se sienta excluida de los procesos que moldean su futuro. Solo así se puede construir un sistema que responda con agilidad a las necesidades reales del país.