Segun Gestión, el Perú podría asignar anualmente al menos US$ 5.000 millones en asociaciones públicas-privadas (APP) para impulsar su desarrollo infraestructural. Esta cifra se sustenta en proyectos clave que enfrentan una brecha estructural que se ha mantenido sin cambios en los últimos cinco años. A pesar de la estabilidad política que se ha logrado en los últimos meses, el panorama sigue marcado por una gestión dispersa del Estado, con operaciones fragmentadas entre 11 ministerios de un total de 19. Más de 30 programas especiales operan en paralelo, generando ambigüedades y dificultando el control interno y la transparencia.
El marco normativo actual, especialmente la nueva ley de APP, permite definir planes nacionales de infraestructura cada cinco años, con seguimiento periódico. Sin embargo, este instrumento no resuelve por sí solo los principales obstáculos. Uno de ellos es la necesidad de reorganizar la estructura administrativa del Estado, para que las decisiones se tomen con claridad y responsabilidad técnica. Otro es la falta de formación en los instrumentos legales que regulan la asignación del presupuesto y la integración de inversiones privadas. La ejecución de proyectos requiere una profesionalización profunda en todos los niveles institucionales, desde la toma de decisiones hasta la gestión operativa.
Aunque el anuncio del gobierno sobre las seis líneas del metro de Lima fue bien recibido por el sector, no se ha definido un plan claro ni un cronograma para su ejecución. La propuesta de Fuerza Popular, aunque bien intencionada, aún carece de objetivos medibles y de una estrategia integrada. La ausencia de una visión concreta dificulta la creación de confianza entre el sector privado y las entidades públicas, clave para que las APP se conviertan en un mecanismo efectivo.
Para los peruanos, este escenario evidencia una brecha entre la necesidad de infraestructura y la capacidad del Estado para gestionarla. Las ciudades crecen, pero las redes de transporte, agua y energía no se modernizan con la misma rapidez. La inversión en APP podría ser un pilar clave para cerrar esta brecha, pero solo si se asume la responsabilidad institucional, se fortalecen los marcos legales y se desarrolla una cultura de gestión técnica y transparente. Los ciudadanos deben esperar no solo obras, sino un sistema que las construya con eficiencia, rendimiento y equidad.