Según Gestión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) liderado por Elmer Cuba enfrenta una agenda clave para consolidar el crecimiento económico peruano, con el objetivo de que el desempeño macroeconómico se traduzca en mejoras reales para la población. La meta de alcanzar una expansión del 6% en el 2027, anunciada por la presidenta Keiko Fujimori, se encuentra aún lejos de ser una meta cumplida, ya que el país ha registrado un límite histórico de 3,5% en su tasa de crecimiento. Aunque se han logrado avances en estabilidad fiscal, inflación baja y solvencia del sector público, el bienestar social sigue sin reflejarse en el salario o en los servicios cotidianos. El ministro Cuba reiteró que el crecimiento debe convertirse en una realidad tangible para las familias, a través de empleos más seguros, salarios más altos y servicios públicos más eficientes.
Durante una entrevista previa a su nombramiento, Cuba destacó que la reducción de la pobreza depende de una estrategia de crecimiento sostenido. Para ello, planteó la necesidad urgente de modernizar el Estado y fomentar la inversión privada, ya que el entorno empresarial es clave para impulsar la productividad. Además, señaló que el déficit fiscal puede alcanzar el 41% del PIB si no se toman medidas en los próximos cinco años, un umbral que viola las normas fiscales establecidas. El Consejo Fiscal ha presentado gráficos que evidencian esta tendencia, y el ministro advirtió que ignorarlos podría llevar a una pérdida de credibilidad internacional, afectando las inversiones extranjeras y el desarrollo económico.
Este escenario es particularmente relevante para el Perú, donde la brecha entre el crecimiento macroeconómico y la percepción de bienestar social sigue siendo profunda. Aunque los indicadores oficiales muestran estabilidad, muchos sectores vulnerables aún no experimentan beneficios directos. Para el lector peruano, esto implica que cualquier política de crecimiento debe ir acompañada de mecanismos que distribuyan los beneficios. No basta con cifras de expansión; se requiere una reconfiguración del sistema público que priorice el acceso a empleo digno, salud y educación. La inversión en infraestructura y servicios básicos, además de políticas que protejan a los sectores más afectados, será clave para que el crecimiento no se limite a cifras en el informe oficial, sino que se sienta en las calles y en las casas de los ciudadanos.