Según Gestión, el Perú se sitúa en el puesto 10 global y sexto en América Latina en el Índice Global de Complejidad Empresarial de la consultora TMF Group, tras ser evaluado en áreas clave como regulación fiscal, normas laborales, cumplimiento corporativo, contabilidad y gestión de recursos humanos. Este posicionamiento indica que el entorno empresarial peruano enfrenta desafíos significativos para fomentar inversiones, especialmente en comparación con países como México, Brasil, Colombia, Bolivia y Argentina. La mayor parte de la carga operativa se concentra en la adaptación a requisitos regulatorios y en la transición hacia procesos digitales, que incrementan la carga administrativa para empresas, tanto locales como extranjeras. El informe destaca que el cumplimiento normativo, al ser cada vez más exigente y disperso, requiere actualizaciones constantes en sistemas internos, lo que afecta directamente la eficiencia operativa.
Los representantes de asociaciones empresariales resaltan que la dificultad para invertir en el país no se limita a cuestiones técnicas, sino que está profundamente arraigada en la inestabilidad política. Cambios recurrentes en el poder ejecutivo generan interrupciones en trámites ya iniciados, lo que provoca retrasos y pérdidas de tiempo para las operaciones. Según Jorge Zapata, presidente de Confiep, la incertidumbre política es el factor que más impacta en las decisiones de inversión. Este fenómeno no solo desincentiva al capital extranjero, sino que también afecta la confianza de inversiones nacionales, especialmente en proyectos de mediano y largo plazo.
Para el lector peruano, esta situación implica que el entorno de negocios no solo depende de buenas políticas económicas, sino de estabilidad institucional y claridad regulatoria. La falta de un marco normativo coherente y actualizado genera costos ocultos que las empresas deben asumir, como el tiempo, el personal y el riesgo de errores. Aunque el crecimiento económico ha mostrado signos de recuperación en 2025, el desempeño en el acceso a la inversión sigue siendo limitado. Si el gobierno no fortalece la continuidad en sus lineamientos y acelera la digitalización de trámites, el Perú podría mantenerse en una posición de riesgo para atracción de capital. Los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, deben evaluar cuidadosamente el contexto político y regulatorio antes de comprometer recursos. En un entorno donde la inestabilidad es recurrente, cualquier decisión de inversión requiere un análisis profundo de riesgos y una estrategia de adaptación proactiva.