Segun Gestión, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) identificó que siete proyectos mineros están a punto de alcanzar un “paso clave” en el año 2026. Este avance se sitúa en un contexto de creciente demanda global por minerales críticos, impulsada por la transición energética. A pesar de este entorno favorable, el proceso de autorización en Perú sigue enfrentando obstáculos estructurales, principalmente por la complejidad de los trámites administrativos y la dispersión de entidades involucradas. Durante una presentación en ExpoMina 2026, el director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, Michael Acosta, destacó que el Estado está desarrollando una política nacional minera centrada en el aprovechamiento de estos recursos estratégicos. El cobre y otros minerales críticos se convierten en pilares clave de esa estrategia, alineada con los objetivos de sostenibilidad y transformación energética global. Acosta subrayó que, aunque las políticas mineras requieren esfuerzo y coordinación, su implementación debe ser ágil y competitiva para atraer inversión extranjera y fortalecer la cadena productiva nacional.
Actualmente, el Perú posee una cartera minera de aproximadamente US$ 64.000 millones. Sin embargo, el tiempo promedio entre el inicio de los estudios de viabilidad y el inicio de producción para un proyecto minero se sitúa entre 35 y 40 años. Este lapso es ampliado por la existencia de alrededor de 230 procedimientos administrativos, regidos por cerca de 470 normativas y coordinados por alrededor de 30 instituciones públicas. Iván Portocarrero, de Apoyo Consultoría, señala que la duración de los trámites representa una parte crítica del ciclo de desarrollo de cualquier operación minera. La falta de un sistema centralizado y transparente genera inestabilidad en los planes de inversión y dificulta la toma de decisiones por parte de los operadores. Por ello, se propone consolidar la gestión de permisos en una única plataforma digital, donde se puedan realizar evaluaciones simultáneas y se establezcan plazos claros y previsibles. Este enfoque busca reducir el tiempo de tramitación y evitar observaciones excesivas por parte de entidades opinantes.
Para el lector peruano, este escenario plantea una oportunidad clave: el país puede convertirse en un referente regional en la gestión de minerales críticos, si logra modernizar su marco regulatorio. Las empresas locales y extranjeras que operan en el sector deben ver en esta política un entorno más predecible, lo que podría acelerar la inversión en tecnologías verdes y minería sostenible. Además, el crecimiento de la recaudación minera, que alcanzó un aumento del 80% en el último periodo, refuerza la viabilidad de este modelo. Si se logra una gestión más eficiente y transparente, Perú podría no solo mantener su posición como proveedor de minerales, sino también posicionarse como un actor clave en la transición energética global.