Según Gestión, el total de recursos asignados para proyectos públicos en el Perú este año suma S/ 73,451.8 millones, distribuidos entre el gobierno nacional, regionales y municipios. Hasta el 31 de octubre, se ha ejecutado el 65% de ese monto, dejando pendiente un saldo de S/ 25,683.6 millones. Este retraso se concentra especialmente en los gobiernos locales, cuyos presupuestos de S/ 33,883.9 millones presentan un avance del 53.5%. En detalle, las municipalidades de Callao, Apurímac, La Libertad, Tumbes, Áncash, Madre de Dios, Junín y Pasco, en conjunto, han ejecutado menos del 50% de sus compromisos hasta finales de octubre.
Áncash emerge como caso emblemático, con S/ 3,721.3 millones destinados a obras municipales. De estos, el distrito de San Marcos recibe S/ 1,111.7 millones, representando casi un tercio del total asignado. A pesar de su elevado presupuesto, en octubre solo ha ejecutado el 38.5% de su inversión. Entre sus iniciativas, el proyecto de transitabilidad vehicular y peatonal en Huaripampa Central, Alto y Bajo, cuenta con S/ 45.3 millones, de los cuales solo se han destinado 37.9%. Otra iniciativa, el mejoramiento de servicios funerarios y cementerio municipal, se encuentra en estado de inactividad: de los S/ 25.2 millones asignados, aún no se ha invertido un solo centavo. En contraste, el proyecto de salud en el centro de salud de San Marcos avanza al 85%, con un presupuesto de S/ 20.8 millones, mostrando un desempeño más sólido.
La comparación entre niveles gubernativos revela una desigualdad clara en la ejecución de inversiones. El gobierno nacional ha logrado un avance del 77.6%, con S/ 17,164.4 millones ejecutados de un total de S/ 22,124.1 millones. Los gobiernos regionales, por su parte, han destinado S/ 12,472.8 millones de un presupuesto de S/ 17,443.7 millones, con una ejecución del 71.5%. Aunque los datos indican una mayor movilidad en niveles superiores, el retraso en las municipalidades pone en evidencia brechas en la gestión operativa y la coordinación entre niveles de gobierno.
Para los peruanos, este panorama evidencia una realidad: aunque el país cuenta con recursos significativos, su eficiencia en su uso varía drásticamente según el nivel de gobierno. Las comunidades más vulnerables, especialmente en zonas rurales o con infraestructura deficiente, pueden no recibir las inversiones que necesitan. Este desfase exige mayor visibilidad, transparencia y mecanismos de seguimiento que permitan que los fondos lleguen a quienes los requieren, no solo en papel, sino en el día a día de las familias.