Segun Gestión, en lo que va de 2026 el Congreso de la República ha recibido al menos 33 iniciativas legislativas —27 proyectos de ley y seis dictámenes— destinadas a trasladar personal del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) al marco laboral establecido por el Decreto Legislativo N° 728. Estas propuestas afectan a más de 20 instituciones del Estado, incluyendo organismos clave como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia (Indecopi), la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), y la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran). También se incluyen programas sociales como la Pensión 65 y el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).
El régimen CAS, establecido por el Decreto Legislativo N° 1057, fue diseñado inicialmente como un mecanismo temporal para cubrir necesidades administrativas. Su estructura contrasta con el régimen laboral 728, que rige a la actividad privada, al ofrecer menores beneficios y niveles de protección frente a despidos. Aunque las condiciones de los trabajadores CAS han mejorado con recientes reformas parlamentarias —incluyendo la gratificación y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)—, el proceso de incorporación aún se mantiene en fases legislativas y ejecutivas. Las iniciativas presentadas en el Congreso proponen distintos enfoques: desde transiciones graduales hasta ajustes institucionales que permitan la adecuación del personal al marco laboral formal. Algunas propuestas también establecen criterios de evaluación y duración para que el cambio sea progresivo y sostenible.
Para los trabajadores peruanos, este proceso representa una oportunidad clave para consolidar condiciones laborales más estables y equitativas. Muchos actuales empleados en CAS, especialmente en entidades públicas que operan bajo demandas inestables, podrían acceder a beneficios como jubilación, vacaciones garantizadas y protección frente a despidos sin justificación. Sin embargo, el éxito de estas iniciativas dependerá de la claridad en su implementación, así como de la participación efectiva de los trabajadores en los procesos de consulta. En un contexto donde el empleo público sigue siendo un eje central de la economía nacional, este avance puede contribuir a fortalecer la seguridad laboral y a reducir brechas de derechos entre sectores administrativos y privados. La transición no solo afecta a los empleados, sino que también influye en la percepción de la eficiencia y justicia del sistema público.