Según Gestión, la viceministra de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Iris Cárdenas Pino, informó que se está ejecutando un proyecto piloto para conectar gas natural a aproximadamente 1.000 hogares en Cusco. Este avance forma parte del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que ha financiado la construcción de una planta de regasificación, con 25 kilómetros de tuberías destinadas a esa población. La iniciativa busca ampliar el acceso al gas en zonas rurales, donde históricamente ha sido escaso. En la conferencia "XV Conferencia Gas Natural Perú 2026", Cárdenas detalló que las acometidas y las instalaciones internas están en fase de licitación, con el objetivo de dotar a cada familia de tres puntos de conexión: uno para cocción, otro para calentamiento de agua y otro para calefacción.
Actualmente, el total de hogares conectados al sistema de gas natural en el país se sitúa en 2,6 millones. De estos, más del 80% —es decir, más de 2,1 millones— se encuentran en las regiones de Lima y Callao, donde opera la empresa Cálidda. En contraste, en Cusco, solo cinco hogares cuentan con acceso al gas natural, lo que evidencia una brecha regional significativa. Este desequilibrio plantea retos para la expansión equitativa del recurso energético. Además, más de 500.000 vehículos ya operan con gas natural vehicular (GNV), lo que ha generado una reducción de costos operativos en sectores industriales, donde la energía representa cerca del 20% de sus gastos.
Para los peruanos que viven en zonas rurales o periféricas, este panorama sugiere que el acceso al gas natural no es uniforme. Aunque el gobierno ha lanzado iniciativas concretas, como el proyecto piloto en Cusco, el avance se mantiene lento y las inversiones en infraestructura regional siguen siendo escasas. El hecho de que Lima concentre la mayor parte de los hogares conectados indica una dependencia geográfica que puede afectar la equidad energética. Para que el gas natural sea realmente un instrumento de inclusión social, se requiere una estrategia más agresiva que abarque no solo la instalación de tuberías, sino también el fortalecimiento de capacidades locales, el acompañamiento técnico y el fortalecimiento de políticas públicas que prioricen el desarrollo energético en áreas menos favorecidas.
El caso de Cusco no es aislado, sino un reflejo de una realidad nacional en la que el acceso a energías limpias y asequibles no se distribuye equitativamente. Los peruanos en zonas distantes deben considerar que el progreso energético no se mide solo por la cantidad de hogares conectados, sino por la calidad de esa conexión y su capacidad para transformar sus condiciones de vida.