Segun Gestión, el crecimiento en solicitudes y concesiones mineras en Perú alcanzó niveles récord en 2025, manteniéndose en ascenso en el primer bimestre de 2026. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) registró un total de 10,989 petitorios al cierre del año anterior, lo que representa un aumento del 42.69% en comparación con las 7,701 presentadas en 2024. Este incremento se mantiene en el primer bimestre de 2026, donde se recibieron 2,193 petitorios, un 65.8% más que en el mismo periodo del año anterior. Paralelamente, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) otorgó 5,089 títulos de concesiones, equivalente a 1.9 millones de hectáreas, un incremento del 27.12% respecto a los 4,003 títulos entregados en 2024. Ambas cifras representan récords para el sector.
Las áreas disponibles para nuevas concesiones provienen de procesos de libre disponibilidad y extinción de dominio, donde el Estado devuelve derechos mineros por inactividad o falta de cumplimiento. En mayo de este año, Ingemmet anunció que habían liberado 1,265 derechos mineros extinguidos, además de incorporar seis Áreas de No Admisión de Petitorios Mineros (ANAP). Cada ANAP es un espacio destinado a estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos durante cinco años, con el objetivo de evaluar el potencial minero de esas regiones. Este proceso permite al Estado gestionar de forma más controlada el uso de suelo y recursos naturales, sin que se pierdan oportunidades de desarrollo.
Para el lector peruano, este escenario revela una dinámica compleja entre el crecimiento económico impulsado por la minería y la necesidad de regulación efectiva. Aunque el cobre y el oro siguen en aumento en el mercado internacional, el volumen de solicitudes indica una alta demanda por explotación de recursos. Sin embargo, el aumento de petitorios también plantea riesgos de sobreexplotación, impactos ambientales y desigualdades regionales. La acción del Ingemmet en evaluar áreas mediante estudios científicos busca equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad. Es clave que los ciudadanos comprendan que cada concesión no solo implica beneficios para la economía, sino también responsabilidades ambientales y sociales. La transparencia en el proceso de otorgamiento y el seguimiento de impactos es esencial para que los intereses públicos no queden marginados en esta expansión.