Segun Gestión, el Gobierno peruano implementó, a través del Decreto de Urgencia N° 007-2026, un subsidio de hasta S/105 millones destinado a transportistas de pasajeros y carga en todo el país, así como a operadores del transporte regular en Lima y Callao. La medida busca mitigar el efecto de la escalada de precios de los combustibles en los costos operativos, manteniendo la disponibilidad de servicios logísticos esenciales. El subsidio se fija en S/4 por galón de diésel, y será transferido directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios mediante el Banco de la Nación. La operación será activa en los próximos días y se extenderá a todos los municipios del Perú, independientemente de su ubicación geográfica.
El enfoque del programa no implica una rebaja en el precio de los combustibles en los puntos de venta, sino una compensación directa a quienes operan vehículos autorizados. Para acceder al beneficio, los transportistas deben contar con título habilitante vigente al momento de la entrada en vigencia del decreto, y contar con vehículos registrados y autorizados para prestar los servicios correspondientes. Esta condición evita que se otorguen subsidios a operadores informales o a propietarios que no cumplen con los requisitos legales. Además, se establece una regla de no duplicidad: un mismo vehículo no podrá recibir más de un subsidio en un mismo periodo, lo que garantiza el uso eficiente y equitativo de los recursos.
El impacto de esta política es particularmente relevante para los usuarios del transporte público, ya que los pasajes y fletes podrían estabilizarse en el corto plazo. En contextos como Lima y Callao, donde el transporte masivo es clave para el desplazamiento diario, este apoyo podría reducir significativamente las cargas económicas sobre las empresas de transporte. Para el peruano que depende del transporte público, como los que desplazan a sus trabajos o a sus hijos a la escuela, este subsidio podría traducirse en servicios más accesibles y sostenibles.
En un escenario donde los costos energéticos siguen creciendo, el enfoque del gobierno de apoyar directamente a los operadores —en lugar de intervenir en el mercado de combustibles— representa una estrategia más práctica. Al canalizar el subsidio a quienes realmente operan los servicios, se fortalece la red logística sin generar distorsiones en el precio final al consumidor. Para los ciudadanos, esto significa una mayor confianza en la continuidad de servicios básicos, especialmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional. Aunque el monto es significativo, su distribución está regulada para garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.