Segun Gestión, la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República aprobó un crédito suplementario de S/ 1,260 millones mediante emisión interna de bonos y S/ 4,160.3 millones por cargo a recursos ordinarios y operaciones de crédito oficial. La decisión, adoptada con 28 votos a favor, uno en contra y sin abstenciones, debe ahora ser elevada a la Comisión Permanente, dado que el Pleno del Parlamento ha finalizado su período de sesiones. Durante el debate, se plantearon modificaciones al texto original, especialmente en lo referente a la compensación por servicios (CTS) y gratificaciones para personal bajo contratos administrativos de servicios (CAS).
La iniciativa original, promulgada en marzo con la Ley N° 32563, contemplaba un pago progresivo de beneficios a los trabajadores CAS. En el primer año, se prevía una entrega del 10% de su remuneración mensual, escalonándose hasta el 100% en 2030. Esta propuesta fue rechazada por parte de los congresistas. El ministro del Ministerio de Economía, Rodolfo Acuña, ha reiterado que la implementación de pagos graduales es necesaria no solo para los CAS, sino también para ajustes en pensiones docentes a S/ 3,500 y en el incentivo CAFAE. Su argumento se basa en la ausencia de recursos disponibles en el presente, destacando que sin una progresión temporal, el sistema fiscal no podría soportar el costo total de las compensaciones. En declaraciones post-sesión, acusó que si no se aplica gradualidad, “no hay forma ni caja fiscal que soporte” el pago completo, y que incluso el presupuesto del próximo gobierno no podría asumir el costo.
Para el lector peruano, este escenario refleja una tensión entre la necesidad de garantizar derechos laborales y la realidad fiscal de un país que enfrenta presión creciente en su balanza de pagos. El pago de CTS y gratificaciones a empleados públicos, especialmente en sectores estratégicos como minería o energía, es un tema clave que impacta directamente en la estabilidad laboral y la confianza en el sistema público. Si se rechazan pagos graduales, podría surgir una crisis de desconfianza entre el Estado y los trabajadores, afectando la productividad y la percepción de justicia social. Al mismo tiempo, la inversión en minería y Petroperú, que se encuentra en el centro de la propuesta presupuestaria, debe equilibrarse con la estabilidad financiera. El lector debe entender que cada decisión en el presupuesto no es solo un acto técnico, sino una elección que moldea el futuro del empleo, la equidad y la sostenibilidad económica del país.