Según Gestión, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, confirmó que el proyecto de pedido de facultades legislativas delegadas fue aprobado ayer y será enviado hoy al Congreso de la República. El documento incluye 66 medidas distribuidas en ocho áreas clave, como finanzas, tributación y relaciones laborales. La iniciativa, objeto de análisis en una sesión de PCM, evidencia modificaciones significativas en estos rubros, con especial énfasis en el sector financiero. Galarreta destacó que, aunque no existe competencia entre administraciones para presentar el pedido, la actual versión fue entregada en menos de 30 días —por debajo del plazo mínimo de 40 días—, reafirmando que el proceso se realizó dentro del cronograma establecido.
El texto original propone derogar la Ley N° 31143, que establece tope a las tasas de interés, y modificar dos artículos clave: el número 5 de la Ley Complementaria a la de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros (N° 28587), y el artículo 9 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros (N° 26702). Los cambios buscan eliminar las disposiciones que limitan las tasas de interés, introducidas previamente por la norma que protege al consumidor de la usura. Aunque el enfoque es claro, el impacto en el mercado de créditos y en la sostenibilidad de los productos financieros será clave para evaluar su efecto real.
Para los peruanos, especialmente en contextos de creciente presión financiera, estos ajustes podrían influir directamente en la disponibilidad y costo de créditos personales, hipotecarios o de consumo. Si se aprueban, el mercado podría ver una mayor flexibilidad en los tipos de interés, lo que podría facilitar el acceso a productos financieros para familias y pequeñas empresas. Sin embargo, también existe el riesgo de que las tasas suban, afectando la capacidad de pago de sectores vulnerables. La transparencia en el proceso y el control institucional serán factores determinantes para garantizar que los cambios no generen desequilibrios económicos o afecten la estabilidad financiera del país.
El gobierno ha priorizado una entrega expresa del pedido, sin perder el tiempo de las administraciones anteriores. Este enfoque, aunque técnico, refleja una gestión que busca movilizar el proceso legislativo con rapidez. Pero el verdadero desafío no está en el tiempo de presentación, sino en cómo se implementarán las decisiones en el terreno real, donde cada ajuste debe ser evaluado por su efectividad y equidad frente a las condiciones económicas actuales del Perú.