Según Gestión, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, confirmó que se ha aprobado el proyecto de facultades legislativas delegadas que será presentado al Congreso de la República. El documento, que inicialmente contaba con 48 iniciativas, ahora incluye 66 medidas distribuidas en ocho ejes estratégicos. Entre ellos se encuentra la revisión del sistema de feriados laborales, un tema que ha generado debate por su impacto en la disponibilidad de mano de obra y en la economía formal. Galarreta precisó que el documento será entregado al Congreso el viernes 28 de agosto, coincidiendo con el cierre de la sesión del Consejo de Ministros. Aunque el gobierno actual no enfrenta una competencia formal por presentar el pedido, logró concluir el proceso en menos de 30 días, frente al plazo mínimo de 40 días establecido. Esto fue interpretado como una ejecución eficiente, desmintiendo críticas sobre demora.
Las áreas abordadas van desde la seguridad ciudadana hasta la modernización del Estado, incluyendo fortalecimiento de microempresas, promoción del empleo y simplificación de procesos administrativos. En el ámbito de seguridad, se prevén acciones para contener fenómenos que afectan de forma recurrente a la población. Por otro lado, la modernización de los servicios públicos busca reducir trámites y acelerar la entrega de servicios, lo cual puede impactar positivamente en el acceso de pequeñas empresas a los mercados. La revisión de los feriados laborales, actualmente fijados en 16, representa una medida clave para ajustar el calendario laboral, posiblemente con el objetivo de permitir mayor flexibilidad en la contratación y en el despliegue de fuerzas productivas.
Para el lector peruano, este avance tiene implicaciones directas. Muchas familias dependen de jornadas laborales que se extienden por períodos de alta actividad, como el mes de diciembre o los fines de semana. Si se modifica el esquema de feriados, podría haber un ajuste en el tiempo disponible para actividades económicas y sociales. Además, una política más ágil en el empleo y la administración podría reducir la brecha entre la oferta laboral y las necesidades del mercado. Esto es especialmente relevante en contextos donde la informalidad sigue siendo un eje central de la economía. Aunque los cambios aún no están definidos, el hecho de que el gobierno haya priorizado este tema refleja una intención de adaptar las estructuras laborales a las realidades actuales del país. La implementación será clave para evaluar si se logra un equilibrio entre la estabilidad laboral y la productividad nacional.