Segun Gestión, el incremento de precios del combustible ha generado una fuerte presión en sectores clave del país, especialmente en regiones como Ucayali. De cada 10 empresas industriales, 4 ya han comenzado a ampliar sus reservas de insumos, indicando una respuesta anticipada ante la escasez de materiales. Esta situación se ha intensificado en el ámbito de servicios logísticos, donde transportistas de carga, mototaxistas y operadores públicos han registrado numerosos reclamos. La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que esas demandas son "absolutamente justas", al señalar que el alza en costos afecta directamente a miles de familias.
El gobierno ha decidido intervenir con un subsidio focalizado, que será implementado a partir del 14 de agosto. Este mecanismo será aplicado en distintos segmentos del sector transporte: transportistas de carga y pasajeros, así como por primera vez, también incluirá a los operadores fluviales y mototaxistas. El apoyo será de entre un 15% y un 20% del precio del combustible, orientado a quienes más enfrentan vulnerabilidad económica. En Lima Metropolitana y Callao, el subsidio se mantendrá, pero con un cálculo técnico ajustado al recorrido por kilómetro, en lugar de por volumen de combustible.
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, precisó que el escenario actual no es nuevo. Desde marzo, el mercado global de petróleo experimentó una fuerte subida, pasando de US$ 60 a US$ 100 por barril, lo que impactó directamente en los precios del diésel en el Perú. Este cambio global, combinado con dificultades en la distribución internacional del combustible, ha generado una cadena de efectos en el sector transporte y en la economía local. El subsidio no solo busca mitigar el impacto, sino también reforzar la estabilidad de servicios esenciales que sostienen el funcionamiento del país.
Para los peruanos, especialmente en zonas rurales y periféricas, este movimiento refleja una respuesta gubernamental que busca equilibrar la presión externa con el bienestar de los sectores más vulnerables. Los transportistas, que representan un pilar clave de la movilidad y el comercio, ahora podrán mantener sus operaciones sin que el costo del combustible los desestabilice. Aunque el subsidio es limitado en monto, su enfoque en grupos específicos puede convertirse en un modelo de intervención que priorice la equidad. En un contexto donde la inflación y los precios de bienes básicos siguen subiendo, este ajuste podría ser un paso importante hacia una política económica más inclusiva.