Segun Gestión, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, presentó una estrategia contracíclica diseñada para contener una posible desaceleración del crecimiento económico. Este plan se articula en respuesta a tres factores de oferta que amenazan el dinamismo del sector: el agravamiento del fenómeno El Niño, el alza de precios del petróleo y el diésel derivado de la guerra en Medio Oriente, y el incremento de tasas de interés que elevan el costo de financiamiento para el país. Para contrarrestar estos efectos, se proponen cuatro ejes de intervención fiscal, cuyo financiamiento se basará en una ampliación de la deuda pública y en un crédito suplementario aún por aprobar en el Congreso.
Los instrumentos incluyen bonos dirigidos a familias en situación de vulnerabilidad, como aquellas en zonas de riesgo del sur andino, afectadas por lluvias en el norte, víctimas de huaicos y desborde de ríos, así como personas en condiciones de pobreza, incluyendo jubilados. Además, se mantendrán las inversiones en colegios, centros de salud, comisarias y carreteras. Una prioridad clave será la ejecución de 250 obras públicas, con un 50% de avance alcanzado, mediante un nuevo mecanismo denominado "Saldo de obras por Impuestos" y recursos asignados a programas como Techo Propio. En cuanto al manejo de liquidez, se prevé posponer el pago de impuestos en sectores clave como la pesca y la agricultura, directamente impactados por las condiciones climáticas. También se lanzará un préstamo garantizado a microempresas (mypes) a través del Fondo Crecer, con el objetivo de fortalecer su capacidad de operación.
Para el lector peruano, estas políticas reflejan una respuesta pragmática ante condiciones climáticas y económicas que afectan directamente sus actividades diarias. La presión del FEN, por ejemplo, impacta principalmente en zonas rurales y regiones costeras, donde el agotamiento de infraestructura o la pérdida de cosechas puede generar una brecha en el ingreso familiar. El enfoque en sectores como la agricultura y la pesca, junto con el apoyo directo a familias vulnerables, demuestra un esfuerzo por proteger la estabilidad social y económica. Aunque el crecimiento anual se sitúa en un 4%, este ritmo no es solo un dato técnico, sino un objetivo clave que debe traducirse en mejores condiciones laborales y salariales. Así, la política actual no solo busca evitar una caída del PIB, sino también garantizar que los esfuerzos de desarrollo se distribuyan de manera más equitativa, especialmente en comunidades más expuestas a los impactos ambientales.