Según Gestión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó un nuevo reglamento que obligará a todos los proyectos de infraestructura del Estado y de gobiernos regionales a implementar la metodología de modelado de información constructiva, conocida como BIM. Esta herramienta tecnológica será exigida para todos los procesos de planificación, diseño, construcción y administración de obras públicas a partir del 14 de agosto de 2026, es decir, doce meses después de la publicación de la Resolución Directoral 0007-2025-EF/63.01. La normativa establece 14 tipos de proyectos que deberán aplicar BIM, como hospitales, carreteras y defensas ribereñas, entre otros. Aunque el enfoque se inició en 2017 con el acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) para los Juegos Panamericanos, su consolidación como política nacional se dio a través del Plan BIM, con fases clave entre 2019 y 2024, que incluyeron la elaboración de guías y lineamientos operativos.
La adopción de BIM busca evitar errores técnicos críticos que surgen durante la fase inicial de diseño, los cuales pueden derivar en cambios de presupuesto, retrasos y paralizaciones en la ejecución. Especialistas en ingeniería y construcción destacan que el modelo digital permite integrar datos técnicos, geográficos y de costos en un solo entorno, lo que mejora la visibilidad de riesgos y la coordinación entre distintos actores del proyecto. Germán Elera, presidente del Consejo BIM de la Cámara Peruana de la Construcción, señala que el mayor beneficio se logra al corregir los expedientes técnicos desde el inicio, antes de que se inicie cualquier obra. Así, el uso de BIM permite evaluar viabilidad, presupuestos y cronogramas desde fases iniciales, lo que potencia la toma de decisiones más informadas.
Para el lector peruano, este cambio representa una señal clara de que el Estado busca fortalecer la gestión de sus obras públicas, reduciendo riesgos asociados a errores en el diseño. Muchos proyectos de infraestructura, como carreteras o centros de salud, han enfrentado retrasos y excesos de presupuesto por fallos en la planificación. La implementación de BIM podría transformar esa dinámica, garantizando que cada proyecto tenga una base técnica más sólida desde sus primeras etapas. Aunque el proceso requiere inversión en formación y tecnología, el impacto esperado en la eficiencia y transparencia de los proyectos es significativo. Esto no solo beneficia a las instituciones públicas, sino que también aumenta la confianza de ciudadanos en que sus obras se ejecutan con mayor precisión y responsabilidad.