Según Gestión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) implementó una nueva metodología para actualizar los bonos de la deuda agraria, tras una decisión del Tribunal Constitucional que exigió reformular el mecanismo de cálculo de valor actualizado. Esta medida se formalizó mediante el Decreto Supremo N.° 135-2026-EF, que reemplaza la fórmula aprobada en 2017 y la integra en el reglamento vigente. La nueva fórmula se basa en criterios valoristas, que incluyen el tipo de cambio de paridad y la tasa de rendimiento de bonos del Tesoro de Estados Unidos hasta la fecha de vencimiento. Esta actualización se aplica tanto a deudas en trámite como a aquellas ya liquidadas pero aún pendientes de pago.
El texto también revisa el procedimiento administrativo de los bonos agrarios, redefiniendo el objetivo del proceso como la determinación del valor actualizado conforme a la sentencia del TC. Se actualizan los formatos utilizados por los tenedores para solicitar la modificación de la deuda y especificar el modo de pago. El Estado mantiene las opciones disponibles para el pago: bonos soberanos, tierras estatales, efectivo hasta S/ 100,000 anualmente por un plazo máximo de ocho años, o canjes por inversiones en sectores estratégicos, con posibilidad de combinar estas alternativas.
El MEF dispone de 120 días calendarios para aprobar ajustes complementarios sobre deudas que ya habían sido resueltas antes de la entrada en vigor de esta nueva norma. Además, se eliminó una disposición anterior que regulaba el procedimiento de dación de beneficios en el marco de la deuda agraria.
Para el lector peruano, esta reforma representa un punto clave en la transparencia y legitimidad del sistema de deuda agraria. Al alinear el cálculo de valor con tasas internacionales y criterios valoristas, el gobierno busca evitar distorsiones que pudieran generar desconfianza entre propietarios rurales y el Estado. En un contexto de inflación sostenida y tasas de interés elevadas, esta medida puede influir en la viabilidad de pagos a largo plazo, especialmente para familias campesinas que dependen de los ingresos agrícolas. Aunque el nuevo mecanismo podría generar ajustes significativos en el valor de las deudas, su aplicación gradual permite que las comunidades rurales se adapten sin enfrentar represalias económicas abruptas. El éxito de esta política dependerá en gran medida de cómo se comuniquen los cálculos a los tenedores y de si se garantizan canales de acceso equitativos a las opciones de pago.
Este cambio no solo refuerza el cumplimiento de la Constitución, sino que también responde a una demanda creciente por mayor justicia en el manejo de activos rurales. Para muchos pequeños agricultores, el nuevo sistema puede ser una herramienta de estabilidad, aunque también exige un mayor nivel de información y participación.