Según Gestión, en el Perú ya operan más de 10.000 profesionales dedicados a la gestión de cumplimiento empresarial. Este crecimiento refleja una intensificación en el enfoque institucional sobre la prevención de delitos, impulsada por la Ley N.° 30424 y su reglamento. La normativa establece que la efectividad de los sistemas de prevención no se basa únicamente en la existencia de documentos, sino en su aplicación real en el día a día de las operaciones. Expertos como Sophia Icaza, abogada penalista y socia de Noriega, Icaza Cárdenas Abogados, insisten en que el verdadero indicador de cumplimiento es la acción concreta, no la presencia formal de políticas.
El sistema debe demostrar que los riesgos se identifican de forma proactiva, que los controles implementados son efectivos y que se responden adecuadamente ante las irregularidades. Para lograrlo, las empresas deben mantener registros verificables: matrices de riesgos actualizadas, informes de auditorías, historiales de capacitación, denuncias investigadas y pruebas de medidas correctivas. Además, el encargado de la gestión de cumplimiento debe contar con autonomía para actuar, acceso directo a la dirección y los recursos necesarios para comunicar alertas y propiciar intervenciones.
El análisis de riesgos no debe reducirse a una evaluación general del negocio. Debe profundizarse en actividades específicas, como licitaciones, autorizaciones, comisiones y pagos a terceros. Asimismo, debe examinarse el entramado de relaciones con funcionarios públicos, proveedores, consultores y intermediarios. Estas interacciones representan puntos críticos donde se pueden generar vulnerabilidades. La identificación de operaciones sensibles permite una detección más precisa de exposiciones legales y éticas.
Para el lector peruano, este marco normativo es un avance significativo en la transparencia empresarial. Muchas compañías aún operan con sistemas de cumplimiento fragmentados o teóricos, sin una conexión con sus prácticas diarias. Al conocer que más de 10.000 profesionales están activos en este campo, se evidencia que el país está consolidando un eje clave de gobernanza: la responsabilidad legal y ética en el manejo de los negocios. Esto no solo protege a las empresas ante sanciones, sino que también fortalece la confianza de los inversores, clientes y el entorno regulatorio. En un contexto de creciente regulación, la aplicación práctica de los mecanismos de prevención se convierte en un pilar para la sostenibilidad a largo plazo de cualquier organización peruana.