Segun Gestión, el Gobierno de Keiko Fujimori declaró emergencia en cinco penales por un periodo de 60 días, con el objetivo de prevenir extorsiones y el acceso de dispositivos que facilitan la comunicación. Esta medida, formalizada mediante un decreto supremo, autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a reforzar los perímetros de los centros penitenciarios hasta doscientos metros de distancia. El Ministerio de Defensa, bajo la dirección de Rafael Belaúnde, se encarga de la ejecución técnica, integrando sistemas de vigilancia avanzada como ondas milimétricas, detectores de metales y equipos de rayos X.
El penal El Milagro en Trujillo será el primero en recibir este sistema tecnológico. Allí se han instalado tres equipos de alta seguridad: un sistema de ondas milimétricas, un detector de metales y un equipo de rayos X. Estos dispositivos se incorporarán a los ya existentes, aunque actualmente inactivos, con el propósito de garantizar que no ingresen celulares, chips ni antenas. El proceso se desarrollará en coordinación entre el Ministerio de Justicia, liderado por Ernesto Álvarez Miranda, y el nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Los mismos protocolos se aplicarán en los otros centros: Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima).
Además, se ha desplegado un contingente militar en el penal Ancón I, con personal de la Marina de Guerra que realiza controles biométricos, verificación de identidades y toma de requisitorias. Este tipo de intervención busca no solo impedir el ingreso de dispositivos, sino también fortalecer la presencia física en los accesos, reduciendo riesgos de actividades ilegales. La operación se inicia en el sitio de Ancón I y se extiende a los demás establecimientos en orden progresivo, con seguimiento constante por parte de las autoridades militares.
Para los peruanos, este movimiento representa una señal clara de que el Estado está reforzando su capacidad de control en espacios donde la seguridad y el orden son cuestiones críticas. Aunque los penales han sido históricamente vulnerables a prácticas de extorsión y tráfico de información, esta intervención tecnológica y militar podría marcar un punto de inflexión. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos, especialmente en entornos donde la población ya enfrenta desigualdades estructurales. El éxito de la medida dependerá no solo de la eficacia técnica, sino también de su implementación sin afectar los derechos fundamentales de los presos.