Segun Gestión, cuatro organismos del sector público han emitido un comunicado en el que destacan el papel crucial del cobro de peajes como mecanismo de financiamiento para la conservación y operación de las carreteras. El Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada han unido sus voces para afirmar que este modelo complementa los recursos estatales y asegura la sostenibilidad de proyectos clave para la movilidad nacional.
El informe señala que el mantenimiento de carreteras no se limita a su construcción inicial. Se requiere una inversión continua en rehabilitación, seguridad vial, señalización, gestión del tránsito y atención de emergencias. Estas acciones permiten extender la vida útil de las vías, disminuir los costos operativos y mejorar la experiencia de los usuarios en el día a día. Sin un esquema de financiamiento estable, se corre el riesgo de que las rutas más transitadas pierdan calidad, generando congestión y peligros para los conductores.
Este enfoque se vuelve especialmente relevante en el contexto peruano, donde las rutas urbanas y regionales son pilares de la conectividad entre centros poblacionales. La alta demanda de transporte, combinada con la expansión de ciudades y la necesidad de movilidad en zonas rurales, exige que las infraestructuras estén constantemente en estado de funcionamiento. La ausencia de un mecanismo de recaudación efectivo podría derivar en una escasez de servicios básicos, afectando tanto a comerciantes como a familias que dependen del acceso a mercados o servicios médicos.
El caso del tramo Desvío Quilca-Arequipa-Matarani-Moquegua-Ilo-Tacna-La Concordia, administrado por Covinca, ilustra la tensión entre el derecho a la movilidad y el cumplimiento de normas de operación. Aunque se ha presentado una reclamación por la supuesta ausencia de una alternativa vial, los organismos responsables enfatizan que el peaje no se establece como exclusión, sino como parte de un sistema que garantiza el servicio continuo. La evaluación del Tribunal Constitucional sobre este caso podría tener implicaciones directas en el modelo de gestión de carreteras que el país adopta.
Para los peruanos, esta discusión no es solo técnica. Implica decisiones que afectan el día a día: el tiempo de viaje, el costo de desplazarse y la seguridad en las rutas. Si se eliminan los peajes sin un plan claro de mantenimiento, las carreteras podrían deteriorarse, generando más congestión y riesgos. Por ello, el equilibrio entre el acceso al transporte y la sostenibilidad financiera de las vías debe ser cuidadosamente gestionado. El usuario final es quien paga, directa o indirectamente, por la calidad de la infraestructura que utiliza.