Según Gestión, el diputado Arturo Eusebio Padilla, representante del partido Cívico Obras, presentó una iniciativa legislativa (00637-2026 2031-CD) que busca ampliar el alcance del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán). La propuesta modifica el artículo 4 de la Ley N.º 26917, vigente desde 1998, que actualmente define el ámbito de competencia del regulador. Este texto, originalmente diseñado para cubrir concesiones y infraestructura nacional, sería reinterpretado para incluir, en principio, a operadores privados en el campo de supervisión. La modificación plantea que la titularidad privada de infraestructuras o la ausencia de contratos de concesión no limitan la capacidad del Ositrán para ejercer sus funciones. Este cambio significaría que el organismo podría intervenir en operaciones de empresas privadas, como la terminal de Chancay gestionada por Cosco Shipping, una compañía con capital chino.
La iniciativa, aunque aparentemente sencilla, entra en conflicto directo con una decisión pendiente del Tribunal Constitucional. Actualmente, el órgano superior de la Constitución aún no ha emitido su criterio sobre si el Ositrán puede ejercer supervisión sobre operadores privados en sectores como el portuario. Si el proyecto es aprobado, podría generar una tensión entre el derecho a la autonomía operativa de empresas privadas y el rol regulatorio de Ositrán. La ley original, aprobada antes de que se estableciera el Sistema Portuario Nacional (2003), ya otorgaba al regulador cierto margen, pero no en el nivel de supervisión que ahora se propone.
Para los inversores y empresarios peruanos, este escenario plantea un dilema clave: ¿qué nivel de regulación garantiza estabilidad en el sector, o puede comprometer la flexibilidad para atraer inversiones? En un contexto donde el sector portuario enfrenta presiones por modernización y competencia internacional, el poder de Ositrán podría ser un instrumento clave para asegurar que las inversiones se realicen bajo condiciones justas y transparentes. Sin embargo, si se amplía su competencia sin una base jurídica clara, podría generar incertidumbre para empresas que operan bajo modelos privados. El Perú, al estar en una transición de modelos regulatorios, debe equilibrar la necesidad de protección del interés público con la capacidad de innovación y eficiencia en el sector logístico.
Este caso no solo refleja una batalla jurídica, sino también una discusión sobre el rol del Estado en la gestión de infraestructura. Para el lector peruano, lo que está en juego es el equilibrio entre control regulatorio y libertad operativa. Si la ley avanza sin una respuesta del Tribunal Constitucional, podría abrir una brecha en la confianza de los inversores extranjeros, especialmente en sectores clave como el transporte marítimo. La estabilidad del sistema portuario, por tanto, dependerá no solo de la fuerza de la normativa, sino de su coherencia con principios democráticos y de propiedad privada.