Segun Gestión, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público (Ositrán) está en proceso de iniciar sanciones a Cosco Shipping si no permite la supervisión del puerto de Chancay. Aun con el cumplimiento de un año desde la apertura comercial del terminal, el debate sobre el control de sus operaciones y la necesidad de regular sus tarifas persiste. El Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi) realizó un estudio técnico que concluyó que, en varios servicios, el puerto de Chancay no cumple con condiciones de competencia comparadas con el puerto de Callao. Este análisis se enfocó en el embarque y descargo de contenedores llenos, el amarre y desamarre de naves, un servicio combinado para contenedores vacíos y un paquete que integra atención a naves con transbordo técnico de contenedores.
La decisión de Indecopi fue clave para que Ositrán se movilizara a iniciar el proceso de regulación de tarifas. Sin embargo, Cosco Shipping Ports Chancay presentó una demanda de amparo contra Indecopi, argumentando que el informe fue basado en datos proyectados del plan maestro, así como en un informe de desempeño de Ositrán de 2023, en el cual el terminal no operaba. Este punto fue rechazado por el Poder Judicial, que declaró infundada la demanda en primera instancia, afirmando que las acciones de Indecopi están dentro de sus competencias legales y no violan derechos contractuales de la empresa. A pesar de esta decisión, Cosco mantiene su postura, insistiendo en que los datos utilizados no reflejan la realidad actual del funcionamiento del terminal.
Este escenario evidencia una tensión entre la necesidad de garantizar una competencia efectiva en servicios de infraestructura portuaria y el derecho de las empresas a operar bajo condiciones de autonomía contractual. Para el lector peruano, esto representa un punto crítico en el desarrollo de la economía nacional: mientras los puertos se convierten en centros clave para el comercio internacional, su regulación debe equilibrar eficiencia operativa y protección de intereses públicos. En un contexto donde el comercio exterior y la logística marítima son pilares del crecimiento económico, la transparencia en el manejo de tarifas y el acceso a servicios portuarios puede influir directamente en la competitividad de las exportaciones y la reducción de costos logísticos. La evolución de este caso podría servir como modelo para otros terminales, señalando que la supervisión institucional no solo protege a la sociedad, sino que también fomenta un entorno más justo y sostenible para el desarrollo industrial.