Segun Gestión, el organismo Ositrán, encargado de evaluar tarifas en infraestructuras públicas, ha iniciado un nuevo análisis sobre la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para conexiones internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. A pesar de que el 2 de junio se eliminó definitivamente la tarifa para vuelos de transferencia nacionales, el cobro de la versión internacional persiste desde el 7 de diciembre del año pasado. Este monto, de US$ 11.86 incluyendo IGV, fue aprobado por Ositrán bajo el marco contractual del operador del aeropuerto, Lima Airport Partners. La funcionaria Verónica Zambrano destacó que el pago de esta tarifa no recae sobre pasajeros que llegan al Perú, sino sobre aquellos que usan el AIJCH como punto de conexión hacia destinos extranjeros.
La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) ha expresado múltiples objeciones ante el mantenimiento de esta tarifa, argumentando que incrementa el costo de operar rutas de conexión en Lima frente a aeropuertos vecinos. Tal medida, según sus representantes, podría disminuir el atractivo de Lima como centro de transporte internacional, afectando el flujo de turistas. A pesar de estas advertencias, Ositrán ha rechazado que los argumentos presentados por las aerolíneas se considere suficiente para justificar una revisión de la tarifa. La entidad enfatizó que cualquier evaluación debe basarse en datos cuantificables, no en declaraciones generales. Al analizar los registros desde enero de 2025, se observó que la ausencia de la tarifa nacional no generó una disminución significativa en el volumen de conexiones, lo que sugiere que el modelo actual podría mantenerse sin alteraciones drásticas.
Para el lector peruano, este escenario plantea una tensión entre la regulación de costos y la viabilidad del transporte aéreo internacional. Si bien la tarifa internacional se mantiene en un nivel estable, su persistencia podría afectar la competitividad de Lima frente a otros centros aéreos en América Latina. Los pasajeros que planifican conexiones en el país, especialmente turistas, podrían percibir un costo adicional en sus itinerarios, aunque el impacto real en sus precios finales no ha sido aún medido. Además, el hecho de que la tarifa no se aplique a viajeros que llegan al Perú, sino solo a quienes transitan por Lima, indica una diferencia de carga que debe ser clara para evitar malentendidos. En un contexto donde el turismo es un pilar clave de la economía nacional, cualquier decisión sobre tarifas debe equilibrar la sostenibilidad financiera de las infraestructuras con la accesibilidad para los usuarios.
El análisis de Ositrán, aunque aún en fase inicial, señala que la regulación debe ser rigurosa y basada en datos reales. Para el sector peruano, el resultado final podría influir directamente en la calidad de las experiencias de viaje y en la atracción de inversiones en el transporte aéreo internacional.