Segun Gestión, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha registrado una escalada en las exportaciones de oro de origen ilegal, que este año alcanzarían al menos 110 toneladas y podrían superar las 120 toneladas. Este volumen representaría entre el 52% y el 55% del total de oro exportado por el país. El organismo destacó que el aumento se debe a precios internacionales elevados y a la persistencia de la incapacidad del Estado para contener la minería ilegal. En lo que va de 2026, el precio promedio del oro ha subido a US$ 4,500 por onza, un incremento del 44% respecto al promedio de 2025, que se ubicó en US$ 3,125 por onza. JP Morgan anticipa que el promedio anual del metal alcanzará US$ 4,545 millones, lo cual representa el doble de lo registrado en los últimos cinco años. Esta tendencia indica que la minería ilegal ha consolidado su posición como la actividad económica informal que genera más ingresos, duplicando el monto de otras operaciones ilegales.
El dato más preocupante es que, en la primera mitad del año, las exportaciones ilegales ya superaron en volumen a las legales, con una diferencia de 8.7 toneladas y representan el 54% del total exportado. Este fenómeno no solo afecta el equilibrio fiscal, sino que también pone en riesgo la regulación ambiental y social. El IPE señala que desde la creación del Reinfo en 2016, solo el 2% de los inscritos han completado la formalización de sus actividades. A pesar de que el registro ha sido prorrogado cinco veces, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no ha descartado extender su vigencia más allá de diciembre de 2026. Al ofrecer protección legal ante responsabilidades penales, el Reinfo ha facilitado la expansión de operaciones en zonas protegidas, como reservas indígenas y áreas naturales, generando impactos directos en la conservación del patrimonio ambiental y cultural.
Para el lector peruano, este panorama evidencia una brecha crítica entre las políticas regulatorias y la realidad del mercado. La minería ilegal no solo distorsiona los flujos de ingresos públicos, sino que también debilita la capacidad del Estado para implementar controles efectivos. Los precios del oro, impulsados por la demanda global, alimentan esta dinámica, mientras que las políticas de registro se ven desbordadas por la escala de la actividad. La falta de mecanismos de supervisión y sanción en zonas sensibles, además, exponen a comunidades vulnerables y ecosistemas clave. En un contexto de inflación y volatilidad, los inversores pueden ver el oro como un activo de refugio, pero en el caso peruano, su crecimiento ilegal transforma una oportunidad en un riesgo estructural para el desarrollo sostenible. El mensaje es claro: sin una reforma integral y rápida, el país seguirá enfrentando una economía paralela que amenaza su estabilidad y equidad.