Según Gestión, entre 2019 y 2024 el precio del oro en dólares pasó de US$ 1.300 a US$ 3.900 por onza, un aumento que en los últimos años se intensificó notablemente. A pesar de que el Perú produjo 109 toneladas de oro en el año, se registraron exportaciones de 209 toneladas, generando una brecha que evidencia una ampliación significativa de la extracción no regulada. El Instituto de Política Económica (IPE) estimó que en el primer semestre del año, el 54% del oro exportado por el país provino de actividades ilegales, superando así las cifras de exportación legal. Este dato marca un punto crítico en la historia del sector, pues por primera vez el flujo de oro fuera del sistema formal supera al que está registrado oficialmente.
El crecimiento del mercado de oro ha impulsado la balanza comercial del país y ha estimulado inversiones en minería legal. Sin embargo, el auge también ha generado un entorno propicio para la expansión de prácticas ilegales. En regiones costeras y sierranas, se observan nuevas infraestructuras: hoteles, viviendas y vehículos de última generación, que reflejan una inversión económica en crecimiento acelerado. Esta evolución no es neutra: está íntimamente vinculada al aumento de la minería ilegal, que se alimenta de los altos precios internacionales del metal. Según Andrea Agudelo, coordinadora regional de UNODC en delitos económicos, la cadena de producción ilegal del oro se caracteriza por precios elevados, escasas regulaciones, ausencia de trazabilidad y el uso de efectivo. Además, se han registrado casos de corrupción, tráfico de armas y destrucción de bosques para acceder a suelos mineros.
Las redes criminales han adoptado estrategias sofisticadas para integrar sus operaciones al mercado formal. Como señaló Johnn Jananpa, especialista ambiental de UNODC, la minería ilegal ha aprendido a operar dentro de las cadenas comerciales legales del oro, usando el sistema formal para ocultar su origen ilegal. Este proceso, conocido como lavado de activos, permite que el dinero obtenido de actividades delictivas fluya como si proviniera de fuentes legítimas. El impacto no se limita a la economía: afecta directamente el medio ambiente y la seguridad social, especialmente en comunidades vulnerables.
Para los peruanos, este panorama representa una tensión entre crecimiento económico y sostenibilidad. Mientras el oro atrae inversiones y fortalece el ingreso del país, también pone en riesgo la integridad de sus recursos naturales y el orden jurídico. La brecha entre producción y exportación no es solo un dato estadístico, sino una señal de que el sistema actual debe reforzarse para evitar que el desarrollo económico se convierta en un vector de desigualdad y daño ambiental. El cumplimiento de regulaciones y la transparencia en la cadena de valor del oro son elementos clave para que el crecimiento se convierta en un proceso inclusivo y responsable.