Según Gestión, hasta el 30 de junio de 2026, el país cuenta con 2.262 obras paralizadas, es decir, proyectos que no han registrado avance físico durante al menos seis meses. Este número registra un leve ascenso tras períodos anteriores de reducción. En junio de 2025 se registraban 2.428 obras en esta condición, una cifra que cayó a 2.215 en septiembre del mismo año. A finales de 2025, el total aumentó nuevamente a 2.416, solo para disminuir en marzo de 2026 hasta 2.241. A pesar de esta fluctuación en el número de obras, el valor total de las inversiones paralizadas ha mostrado una tendencia descendente. En diciembre de 2025, la inversión acumulada ascendía a 67 mil millones de soles, con un saldo pendiente de ejecución de 32 mil millones. A mediados de 2026, este valor se redujo a 62 mil millones, y el saldo de ejecución cayó a 27 mil millones. Esta disminución en el valor total, a pesar del crecimiento en la cantidad de proyectos, sugiere una posible reducción en el costo real de mantener estas obras en estado de inactividad.
La evolución de estos indicadores indica que, aunque el número de obras sin avance físico ha aumentado, el impacto económico de estas paralizaciones no se ha agrandado. Esto podría deberse a que muchos proyectos, al no avanzar, han sido reevaluados o han sido suspendidos por razones de viabilidad técnica o presupuestaria. La nueva Ley de Contrataciones Públicas, aprobada más de un año atrás, y el cambio de liderazgo en el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), han generado un marco más claro para la gestión de contrataciones. Además, la comisión encargada de revisar la política de inversión pública está en proceso de definir nuevas directrices que podrían acelerar el desempeño de las obras.
Para el lector peruano, esta situación evidencia una brecha entre la planificación de infraestructura y su ejecución real. Muchas de las obras paralizadas están en zonas clave como transporte, salud o educación, áreas esenciales para el desarrollo regional. Si el gobierno no actúa con claridad en la asignación de recursos, el riesgo de que estos proyectos se conviertan en pérdidas reales aumenta. La disminución del valor total de las obras inactivas también puede interpretarse como una señal de que, en muchos casos, los proyectos no se mantienen por falta de prioridad o por ineficiencias en la gestión. Sin un enfoque más riguroso en la evaluación de viabilidad y cronogramas, el esfuerzo por modernizar la infraestructura seguirá siendo ineficaz. Es fundamental que las decisiones futuras se basen en datos concretos y en un análisis de riesgo real, para evitar que los recursos públicos se pierdan en proyectos que no avanzan por causas estructurales.