Según Gestión Tu Dinero, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha implementado una nueva norma que fortalece el control sobre los créditos otorgados por cooperativas de ahorro y crédito (Coopac). Este cambio busca evitar que socios asuman deudas que excedan su capacidad real de pago. La medida introduce un monitoreo continuo post-concesión, permitiendo a las instituciones identificar señales de sobreendeudamiento y reaccionar con medidas específicas. Si se detecta un crecimiento excesivo en las obligaciones, se puede exigir una evaluación financiera integral, imponer restricciones o condicionar nuevos préstamos.
El cálculo de la capacidad de pago debe abarcar todas las cuotas vigentes, incluyendo aquellas derivadas de avales y fianzas otorgados a terceros. Esta exigencia busca una visión integral del endeudamiento del socio, tanto en su cooperativa como en otras entidades del sistema financiero y cooperativo. Para ello, se debe utilizar información proveniente de centrales de riesgo y otras fuentes confiables. Además, el número de instituciones financieras o cooperativas con las que el socio tiene vinculaciones de crédito —directas o indirectas— será considerado como una variable clave de riesgo. Esta regulación se aplica incluso a créditos concedidos a través de campañas comerciales o promociones masivas.
La norma también establece que las unidades de riesgos podrán activar alertas cuando un socio aumente sus compromisos durante la vigencia de un préstamo. Este mecanismo permite advertir tempranamente a los socios sobre cómo el crecimiento de su endeudamiento podría afectar futuras solicitudes. Importante: el condicionamiento de un nuevo crédito no requiere necesariamente un incremento de la tasa de interés. La medida puede manifestarse en otros términos, como una revisión de las condiciones o un plazo más largo, sin afectar directamente el costo del crédito.
Para el lector peruano, este ajuste representa una señal de madurez en el sistema cooperativo. Muchos socios de Coopac dependen de créditos para cubrir necesidades básicas, como vivienda o educación. La nueva norma busca equilibrar el acceso a fondos con la protección contra el riesgo de insolvencia. En un contexto donde las personas suelen tener múltiples obligaciones, especialmente en entornos con alta informalidad financiera, este control puede ayudar a prevenir crisis individuales que, en conjunto, amenazan la estabilidad de las cooperativas. Aunque puede generar inquietud inicial, el objetivo es construir un sistema más sostenible, donde el crecimiento de las personas no se vea comprometido por la excesiva carga financiera.