Según Gestión Tu Dinero, la ley Nº 32678, promulgada el 25 de junio, introduce cambios clave en el procedimiento de ejecución coactiva frente a deudas tributarias. Esta norma establece que, una vez que una persona cancela su deuda o acuerda un fraccionamiento, el ejecutor coactivo debe emitir y notificar oficialmente el levantamiento del embargo bancario en un plazo máximo de veinticuatro horas. La entidad financiera que haya aplicado el embargo deberá retirarla en la misma fecha que recibe el oficio, aunque si la notificación llega fuera del horario laboral, el proceso se ejecuta en el primer día hábil posterior, bajo responsabilidad legal.
La medida busca corregir una práctica anterior en la que el proceso de liberación de cuentas podía tardar entre una y dos semanas, especialmente en casos de deudas municipales. Según Lourdes Chau, experta en litigios fiscales de PwC Perú, esta demora generaba un perjuicio significativo para los ciudadanos que intentaban regularizar sus obligaciones. La ausencia de plazos definidos anteriormente hacía que las cuentas embargadas permanecieran inactivas por períodos injustificados, afectando directamente el acceso a fondos personales.
Para el lector peruano, esta norma representa un avance concreto en la transparencia y eficiencia del sistema tributario. Muchas familias, especialmente en zonas rurales o con ingresos estables pero limitados, han enfrentado dificultades para acceder a sus fondos por deudas fiscales acumuladas. La nueva ley reduce el tiempo de espera para recuperar el control de sus cuentas, lo que puede influir positivamente en la capacidad de pago y en la estabilidad financiera familiar. Además, al establecer sanciones por incumplimiento de plazos, se refuerza la responsabilidad de las instituciones públicas, lo que podría prevenir abusos en el futuro.
El impacto es especialmente relevante en contextos donde el acceso al crédito y la movilidad financiera dependen de la libertad de acceso a cuentas bancarias. Si bien el proceso aún requiere cumplimiento de trámites formales, la rapidez exigida por la ley acelera la respuesta del sistema, alineándose mejor con los tiempos de vida cotidiana de los ciudadanos. Esto no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también fortalece la confianza en las instituciones que gestionan el cumplimiento fiscal.
El cambio legal, aunque técnico, tiene un efecto tangible en la vida real: permite a más personas recuperar sus recursos sin necesidad de esperar semanas, lo cual puede ser crucial en momentos de emergencia o para cubrir gastos básicos. Para quienes aún no han regularizado sus deudas, esta norma es una señal de que el sistema está evolucionando hacia una mayor equidad y eficiencia.