Según Gestión, el sector minero genera más de 276.000 empleos en el país, cifra que refleja su peso estructural en la economía nacional. Durante el XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la presidenta de ese gremio, Julia Torreblanca, expresó reservas sobre las propuestas de los partidos Juntos por el Perú y Fuerza Popular para el desarrollo del sector. En particular, cuestionó la propuesta de imponer un impuesto a las sobreganancias, argumentando que dicha medida ha sido reactivada cada cinco años, lo que indica una inestabilidad en su implementación.
En 2011, bajo el gobierno de Ollanta Humala, se introdujo el Impuesto Especial a la Minería, lo que generó una carga tributaria elevada para la industria. A esa época, la minería ya enfrentaba una presión significativa, pues sus costos operativos se volvían más altos que en otros países mineros. Además, las condiciones laborales en el sector eran más restrictivas que las establecidas en la mayoría de naciones, tanto en América como en el mundo. Esta combinación de factores afectó la competitividad de las empresas mineras, dificultando su capacidad para atraer inversiones extranjeras y fomentar crecimiento sostenido.
Torreblanca subrayó que el objetivo principal del sector no es incrementar ingresos fiscales, sino impulsar inversiones que fortalezcan la producción y la cadena de valor. Para ello, se requiere un marco regulatorio que no limite el desarrollo empresarial, sino que lo incentive. En este sentido, rechazó el enfoque de transferir directamente 40% del canon minero a comunidades afectadas, argumentando que el pago en efectivo podría ser mal gestionado. Las familias podrían utilizar esos fondos para necesidades no prioritarias, generando una desalineación entre los recursos disponibles y las realidades sociales.
El enfoque más viable, según la dirigente, sería reestructurar el Estado para que los recursos generados por las empresas minero-energéticas fluyan de manera más eficiente y transparente, garantizando que los beneficios se distribuyan de forma equitativa y sostenible. Esto implica mecanismos que no solo protejan a las comunidades, sino que también fortalezcan la relación entre las empresas y las poblaciones afectadas.
Para los peruanos, este escenario plantea una reflexión clave: el sector minero es un pilar económico, con empleos directos e indirectos que impactan a millones de hogares. Sin embargo, políticas que aumentan la carga tributaria o que no consideran el contexto social real pueden obstaculizar el crecimiento y la equidad. Los ciudadanos deben entender que el desarrollo del sector no es solo una cuestión de ingresos fiscales, sino de diseño institucional que equilibre rentabilidad, empleo y bienestar comunitario.