Según Bloomberg Línea, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) proyecta una notable aceleración en los desembolsos del sector a partir de 2027, impulsada por el inicio de la construcción de grandes proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El organismo estimó que en 2026, el total de inversiones alcanzaría alrededor de US$2.500 millones, integrando tanto iniciativas dentro como fuera del régimen. Para 2027, se anticipa un primer incremento significativo, con desembolsos que podrían alcanzar cerca de US$4.000 millones. Este escalón se seguirá con una etapa de tres a cuatro años, durante la cual los gastos anuales se elevarían hasta niveles cercanos a US$7.000 millones. El crecimiento se basa en el avance de proyectos en desarrollo, cuyo inicio de obras será clave para cumplir con estas proyecciones. Una vez finalizado este período, los desembolsos deberán disminuir progresivamente, al momento en que se complete la inversión prevista en las principales iniciativas.
El análisis también incluye gastos de operaciones mineras que, aunque no se encuentran bajo el RIGI, continúan activas en el país. Además, CAEM ha registrado que los proyectos ya presentados al régimen suman aproximadamente US$40.000 millones, con una estimación adicional de US$10.000 millones que podrían incorporarse en el futuro. Este pipeline refleja una capacidad de expansión considerable, que podría transformar la dinámica de inversión en el sector.
Para los inversionistas y gestores peruanos, esta evolución argentina ofrece un escenario de referencia en la gestión de grandes proyectos mineros. Aunque el contexto nacional es distinto, los principios de planificación, cronogramas de ejecución y el impacto de incentivos regulatorios son aplicables. El caso argentino demuestra que una estrategia clara de inversión, acompañada por políticas que favorezcan la ejecución de obras, puede generar un impulso sostenido en el gasto industrial. En el Perú, donde la minería sigue siendo un pilar clave de la economía, este modelo podría inspirar mejores alineaciones entre regulación, ejecución y desarrollo de infraestructura. Los datos muestran que el crecimiento en inversiones no depende únicamente de condiciones económicas, sino de la coordinación entre instituciones, el calendario de obras y la confianza en los procesos de inversión. Para el sector peruano, el enfoque argentino sirve como una advertencia: la inversión debe ser estructurada y proyectada a largo plazo, no solo impulsada por ciclos de precios.