Según Gestión, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) expresó su denuncia sobre un atentado ocurrido el 6 de octubre en el sector Santa María, en La Libertad, que dejó dos trabajadores fallecidos y dos heridos. El incidente se produjo en un contexto de creciente violencia ligada a actividades mineras ilegales, que el organismo experto califica como un fenómeno estructural vinculado al crimen organizado. En su comunicación oficial, el IIMP exponía que este tipo de violencia no solo cobra vidas, sino que también genera miedo en las comunidades y debilita el orden jurídico nacional.
La institución destacó que la minería ilegal no es una actividad económica aislada, sino un sistema que opera bajo estructuras criminales, con redes de control que afectan directamente la seguridad colectiva. Desde su postura, se enfatiza que la normalización de estas prácticas representaría un retroceso en la protección de los trabajadores y en el respeto al Estado de Derecho. El IIMP señaló que, como sociedad, no puede aceptar que la violencia en el sector minero se convierta en una realidad habitual, especialmente cuando se trata de profesionales que desempeñan funciones esenciales en el desarrollo económico.
El organismo exigió a las autoridades que reestablezcan el orden en las zonas afectadas, que intensifiquen las acciones contra las operaciones ilegales y que garantizan condiciones de seguridad para los trabajadores. Este llamado no solo apunta a la protección inmediata de los afectados, sino también a la creación de un entorno en el que la minería pueda desarrollarse con transparencia, normas claras y sin amenazas reales. La institución reafirma su apoyo a un modelo minero formal, sostenible y regulado, que permita avances reales en el desarrollo regional sin poner en riesgo la vida de quienes lo realizan.
Para los peruanos, especialmente en zonas rurales donde la minería es una fuente de empleo clave, este tipo de incidentes no solo son trágicos, sino que también cuestionan la estabilidad de las comunidades. El hecho de que un ataque ocurra en una zona de actividad minera legal, mientras se expanden operaciones ilegales, revela una brecha crítica entre lo regulado y lo real. Los ciudadanos deben entender que el desarrollo sostenible exige que las actividades económicas se realicen bajo normas claras, con vigilancia efectiva y con el respeto a la vida humana. La protección de los trabajadores mineros no es un tema marginal, sino un pilar fundamental para la paz y el crecimiento del país.