Según Gestión, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) está en camino de reducir cerca del 50% de los trámites y plazos asociados a la formalización minera. Esta iniciativa se inscribe en una estrategia para acelerar la inclusión de operadores artesanales y de pequeña escala (MAPE), cuyo proyecto de ley será presentado a más tardar el 15 de octubre. Aunque en abril del año pasado el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) contaba con 31,610 inscripciones, solo 2,295 mineros lograron completar el proceso entre 2014 y 2025. Esta baja tasa de cumplimiento refleja una brecha estructural: mientras el precio del oro se triplicó desde 2015, la diferencia entre producción formal y exportaciones físicas pasó de 36 a 103 toneladas en una década, y podría ampliarse si no se adoptan medidas efectivas.
El Reinfo, creado en 2016 como instrumento temporal, ha recibido cinco prórrogas y se estructura en torno a personas, no a operaciones. Esta característica permite que los operadores eviten la vigilancia directa, utilizando la constancia como protección frente a controles fiscales. El sistema fracasa porque, como en el caso de otros sectores, la formalización solo se adopta cuando el beneficio supera el costo. Para el minero, hoy formalizar implica asumir obligaciones tributarias y permisos, mientras que el mercado informal continúa comprando sus productos al mismo precio. Así, el hecho de que Minem reduzca los plazos y simplifique los trámites no basta: el sistema no aumenta el beneficio real para el productor. La transformación solo se logrará si el entorno de mercado cambia, y si las plantas de beneficio dejan de ser puntos de venta aislados y se convierten en nodos de control de la cadena productiva.
En el Perú, donde más de siete de cada diez trabajadores operan en condiciones informales, esta realidad se reproduce en el sector minero. Los pequeños productores no tienen incentivo para formalizarse si no se garantizan condiciones de rentabilidad. Por eso, el éxito del nuevo marco legislativo dependerá de cuántos de los 31,610 inscritos abandonen el Reinfo por formalización y cuántos sean eliminados por falta de cumplimiento. La ley debe asegurar que las plantas de beneficio sean puntos clave de control, que existan instituciones de acompañamiento y que se aplique de manera efectiva a quienes operan fuera del sistema formal. Sin estos elementos, la simplificación de trámites será solo un paso en una marcha que no logrará cerrar la brecha entre lo que se produce y lo que realmente se vende.
Para el lector peruano, esto significa que el crecimiento del sector minero no depende únicamente de mejoras administrativas, sino de un cambio en el modelo de valor. Si los pequeños mineros no ven un retorno real en su producción, cualquier reforma será solo un espejo que refleja la estructura del sistema, sin transformarla. El camino hacia una minería más inclusiva requiere no solo procesos más rápidos, sino también una reconfiguración de cómo se distribuye la renta en el valor final del producto.