Según Gestión, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó el Decreto Supremo N° 025-2026-EM, que simplifica el proceso de autorización para mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Este nuevo reglamento elimina la necesidad de visitas técnicas en campo para verificar cumplimiento de requisitos previos al inicio de actividades mineras. En su lugar, la verificación se realiza en gabinete, bajo supervisión de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM). El cambio busca acelerar un proceso que, durante años, ha permanecido en pausa, con poca movilización en la concreción de operaciones legales.
La medida, aunque positiva en términos de eficiencia, afecta directamente el último paso de la cadena formalizadora. Los mineros deben, previamente, contar con una concesión minera adquirida o en cesión, así como con la aprobación de su instrumento de gestión ambiental. Solo luego, bajo el nuevo régimen, se otorga la autorización para comenzar o reanudar actividades de explotación o beneficio. La DGFM podrá recurrir a tecnologías como la telemetría para validar datos georreferenciados, reduciendo así el impacto del campo en el proceso. Sin embargo, esta transición exige una mayor responsabilidad en la preparación técnica y legal de los actores involucrados.
Para los pequeños mineros y comunidades rurales que operan en zonas de alta vulnerabilidad ambiental, este avance representa una oportunidad de acceso más rápido al mercado formal. Aunque la reducción de tiempos de trámites es clara, el riesgo reside en que el control técnico y ambiental se desplace de la práctica al registro digital. Si los operadores no cuentan con datos precisos o con un plan ambiental riguroso, la verificación en gabinete podría generar errores o fraudes no detectados. En el contexto peruano, donde la minería tradicional aún se vincula con prácticas poco reguladas, este cambio puede ampliar la brecha entre operadores informales y aquellos que ya cuentan con estructuras sólidas. El éxito del nuevo sistema dependerá no solo de la implementación técnica, sino de la capacidad de los mineros para integrar estándares ambientales y sociales en sus procesos.
El objetivo original del Reinfo, establecido en 2016, era democratizar el acceso a la minería formal. Este decreto representa un paso clave en esa meta, pero no resuelve por sí solo las desigualdades de acceso ni las tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental. Para que el sistema sea sostenible, es esencial que las comunidades y los pequeños operadores no solo se inscriban, sino que también reciban acompañamiento técnico, capacitación y mecanismos de supervisión transparentes. Solo así, la reforma podrá traducirse en realidades viables en el terreno.