Segun Gestión, el sistema de transporte Metropolitano ha registrado múltiples accidentes en los últimos años, incluyendo un triple choque en Miraflores que dejó más de 40 heridos, y otro incidente en enero con una colisión similar frente al puente México. Estos eventos, que se han repetido en distintos momentos, revelan una serie de vulnerabilidades operativas que van más allá de la infraestructura física. A pesar de que el servicio está en funcionamiento diario desde 2010, técnicamente no ha concluido su etapa de prueba. La operación sigue bajo el marco de una Asociación Público-Privada (APP), cuyos términos establecen que el sistema no puede considerarse operativo definitivo hasta que se apruebe una adenda estructural.
El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, confirmó que se ha avanzado en la elaboración de este documento clave. La adenda, que busca regular las diferencias entre el organismo público y los concesionarios, ya cuenta con un primer borrador que refleja un alto nivel de acuerdo. Sin embargo, persisten desacuerdos que aún deben ser resueltos entre la ATU y los operadores privados. El proceso, previsto para abril de 2025, está en fase de consolidación, y ya se ha logrado un hito significativo. Una vez finalizada su revisión, el modelo será sometido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que actuará como intermediario para cerrar los puntos pendientes.
Este escenario plantea una paradoja: un sistema que opera diariamente en zonas clave de Lima y Callao, como Miraflores o el sur del distrito, no ha alcanzado el reconocimiento legal de operación definitiva. La ausencia de un marco jurídico estable podría explicar la falta de inversión estructural, la inestabilidad en los protocolos de seguridad y el bajo nivel de respuesta ante emergencias. Mientras los buses siguen circulando bajo condiciones de prueba, los usuarios enfrentan demoras recurrentes, riesgos de accidentes y una ausencia de responsabilidad clara en caso de fallos.
Para los peruanos que dependen del Metropolitano como principal medio de transporte, este panorama indica que la calidad del servicio está condicionada no solo a la infraestructura, sino a la claridad legal y a la capacidad de los organismos públicos para negociar acuerdos reales. El retraso en la formalización de la adenda estructural no solo afecta la seguridad de los pasajeros, sino que también pone en riesgo la confianza en un sistema que debe ser sostenible y transparente. El próximo paso, la evaluación del MEF, será clave para decidir si se abre el camino a una operación definitiva o si se mantendrá una fase de prueba que, por ahora, no garantiza estabilidad ni seguridad real.