Según Gestión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó un plan de cuatro reformas estratégicas centradas en la informalidad, la inversión, el manejo de finanzas públicas y el sistema tributario. Una de las iniciativas clave es la creación de una comisión especial para detectar y sancionar casos de evasión del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Renta (IR). Este esfuerzo se fundamenta en cifras que revelan una tasa de evasión tributaria en el Perú que supera el promedio regional de América Latina y el Caribe. Los datos muestran que más del 30% de los ingresos informales no están declarados, lo que afecta directamente el equilibrio fiscal del país.
El titular del MEF, Elmer Cuba, reafirmó que el gobierno no está considerando ajustar las tasas tributarias, sino que busca que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones legales. Destacó que solo los trabajadores con ingresos superiores a 7 UIT —equivalente a S/ 38,500 anuales— están obligados a pagar el Impuesto a la Renta, con tasas progresivas que pueden alcanzar el 30% según su nivel de ingresos. Aunque el total de trabajadores en el país se estima en 18 millones, apenas unos 5 millones están formalizados. De ellos, alrededor de 3.5 millones reciben ingresos tan bajos que no alcanzan el umbral para declarar renta. En ese escenario, Cuba señaló que alrededor de un millón y medio de trabajadores formales cumplen con la obligación de pagar impuestos, mientras que profesionales independientes y pequeños emprendedores, muchos de los cuales tienen ingresos reales pero no declarados, deben hacerse responsables de su situación fiscal.
El ministro también advirtió que el sistema no está diseñado para castigar a quienes no cumplen, sino para garantizar que el sistema tributario funcione con transparencia y eficiencia. No se prevé que la Sunat aumente sus operaciones de persecución en forma masiva, pero sí se fortalecerán los mecanismos de auditoría y monitoreo para identificar a quienes no declaran sus ingresos. Este enfoque busca evitar el desequilibrio entre quienes pagan y quienes no, sin recurrir a incrementos en el costo de los tributos.
Para los peruanos, esta medida representa una oportunidad de claridad fiscal. Muchos trabajadores informales, especialmente en sectores como servicios, comercio o artesaniales, podrían desconocer sus obligaciones. El hecho de que el sistema no imponga tasas más altas, pero sí exija cumplimiento, permite a los ciudadanos evaluar su situación sin temor a sanciones inmediatas. Sin embargo, el reto reside en que el conocimiento y la conciencia tributaria deben ser ampliados, especialmente en comunidades donde el acceso a información financiera es limitado. La reforma no solo busca regular el sistema, sino también educar a la población sobre el papel que tiene cada uno en el funcionamiento de la economía nacional.