Según Gestión, la bancada política de Juntos Por el Perú (JP) ha impulsado en el Congreso un nuevo proyecto legislativo que busca agilizar el recuperación de los créditos fiscales acumulados por el sector privado con la administración pública. Esta iniciativa fue depositada recientemente tras una reunión específica de la Comisión de Economía de Diputados, la cual contó con la participación del superintendente de Sunat, César Luna. El funcionario fue objeto de críticas contundentes por parte de los diputados, quienes sostienen que su gestión ha sido insuficiente para materializar la exigencia de los fondos adeudados. No obstante, los analistas financieros consultados por el medio de comunicación advierten que la legislación propuesta carece de la pertinencia necesaria para lograr el fin propuesto y, paradójicamente, podría crear una brecha normativa en un punto crucial del sistema recaudatorio.
En su informe presentado el pasado 7 de octubre, Luna detalló que la masa total de deudas tributarias mantenidas por los contribuyentes con el Estado peruano asciende a más de 123.000 millones de soles. A pesar de esta cifra global, el funcionario precisó que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria estima que solo conseguirá ingresar al erario efectivo 11.900 millones de soles, lo que representa un 9.2% del monto total acumulado. Al profundizar en el análisis, Luna estableció que la deuda considerada exigible se sitúa en 90.100 millones de soles, pero más del 70% de este segmento se clasifica como "dudosa", situación que implica que ya se han agotado los procedimientos legales necesarios para su cobro. El resto del total de 123.000 millones permanece en procesos administrativos como notificaciones pendientes, recursos interpuestos o ejecuciones en curso.
El superintendente enfatizó la inviabilidad económica de intentar cobrar estos montos, argumentando que los gastos operativos para la recuperación serían desproporcionados. Señaló que, especialmente en casos de deudas de menor cuantía, la inversión requerida para el proceso de cobro excede el valor recuperado, además de que tras un periodo de seis años surgen riesgos significativos de insolvencia. Esta situación provocó una intensa debate entre los diputados de la Comisión de Economía, presidida por el congresista José Marcelo del partido Ahora Nación. En el ámbito del Senado, la iniciativa ha sido respaldada fuertemente por el líder Alfonso López Chau, quien, junto a la alianza el Buen Gobierno, ha mostrado especial vocería para atacar a JP.
La tensión política se centra en la búsqueda de mecanismos que permitan ejecutar el cobro sin más dilaciones. Los diputados críticos, encabezados por la bancada de JP, han cuestionado directamente la falta de alternativas, preguntando si no existen otras acciones legales o administrativas que permitan materializar el ingreso de los fondos. Mientras que los legisladores de izquierda presionan para desbloquear la recuperación de los créditos, los expertos en finanzas públicas recuerdan las limitaciones operativas y jurídicas que enfrenta el Estado. La diferencia fundamental radica en que una parte busca acelerar procesos que la autoridad fiscal considera ya ineficientes, mientras que la otra prioriza la legalidad sobre la velocidad de la ejecución.
El análisis de la situación para el lector peruano revela una disonancia entre la percepción política de una crisis de cobro y la realidad técnica de los costos operativos. Si bien el Congreso busca soluciones rápidas para reducir la deuda visible, la práctica de Sunat indica que gran parte de los recursos están atrapados en burocracias legales o en deudas impagables por naturaleza. La implementación de leyes que pretenden acelerar procesos ya ineficaces podría resultar en un aumento de gastos estatales para intentar recuperar fondos que, técnicamente, no son recuperables. Por tanto, la verdadera solución no reside en más leyes de presión política, sino en una revisión profunda de los mecanismos de gestión de la deuda dudosa y la priorización de los contribuyentes capaces de pagar.