Segun Gestión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene su camino hacia una reforma tributaria, aunque sin acudir directamente al Tribunal Constitucional (TC) para cuestionar normas legislativas. El organismo, en diálogo con la prensa, destacó que las medidas de gasto aprobadas por el Congreso anterior suman al menos S/ 11,400 millones anuales en el presupuesto público, cifra que ya genera presión sobre el déficit fiscal. Analistas indican que incluso un umbral de 2.4% del Producto Bruto Interno (PBI) podría no ser suficiente para contener esta carga, ya que se extiende por décadas, no solo por un ejercicio fiscal.
La decisión del TC en julio fue clave: interpretó correctamente el marco constitucional al restringir el poder de iniciativa de gasto del Congreso. Este fallo no solo afecta a las leyes aprobadas anteriormente, sino que será aplicado a futuras iniciativas. A fecha de hoy, solo dos normas han sido cuestionadas por el Colegio de Economistas, y ambas se relacionan con proyectos de centrales eléctricas. El resto, según el MEF, son completamente gestionables desde el ámbito administrativo. Las medidas, que operan a largo plazo —hasta 20 o 30 años—, no representan un riesgo estructural, ya que el crecimiento económico del Perú seguirá vigente durante ese periodo.
El MEF ha rechazado intervenir directamente en los procesos, ya que la sociedad civil ha asumido esa función. Entidades como Ositrán han expresado su apoyo y están integradas en iniciativas que buscan fortalecer el argumento de sostenibilidad fiscal. Aunque el Colegio de Economistas ha presentado sus propuestas mediante sus propios mecanismos, el MEF no ha adoptado formalmente su postura. La postura del Ministerio es esperar que el proceso se resuelva en los foros adecuados, sin imponer decisiones desde el gobierno.
Para el lector peruano, esta evolución es un recordatorio clave: el sistema fiscal no es solo una cuestión de números, sino de tiempo y contexto. Las decisiones del pasado no se resuelven en un año, sino en décadas. Si el crecimiento económico se mantiene, el sistema podrá absorber las cargas a largo plazo sin perder estabilidad. El Perú, como país en desarrollo, debe equilibrar el gasto público con la capacidad de inversión y crecimiento sostenible. En este escenario, la intervención del TC no solo protege la Constitución, sino que también ofrece una vía para que las futuras políticas no se vean obstaculizadas por decisiones que no consideran el tiempo real del país.