Según CNBC Markets, una encuesta nacional de 1.690 adultos realizada por la firma Verasight en junio revela que el 69% de los estadounidenses apoya obligar a empresas de inteligencia artificial a transferir el 50% de sus acciones a un fondo soberano público. Este porcentaje refleja una creciente presión social para que las ganancias derivadas del avance tecnológico no se concentren en pocas manos, sino que se redistribuyan para beneficio general. La investigación destaca el malestar creciente entre empleados frente a una expansión acelerada de inversiones en inteligencia artificial, mientras las empresas siguen reduciendo personal.
Benjamin Leff, director ejecutivo de Verasight, explica que el público ve estos fondos como un mecanismo para que las ventajas del sector tecnológico se conviertan en bienes comunes. La propuesta fue formalizada en junio por el senador Bernie Sanders, quien presentó la Ley del Fondo Soberano de Inteligencia Artificial de Estados Unidos. Este proyecto busca otorgar al público una participación del 50% en las principales empresas de inteligencia artificial del país. Para Sanders, el futuro de la inteligencia artificial no debe estar decidido en círculos cerrados de ejecutivos y empresarios, sino que debe ser una decisión colectiva que represente a todos los ciudadanos.
El análisis de Joseph Briggs, economista senior de Goldman Sachs, señala que durante un periodo de 10 años de transición tecnológica, más del 9% de los empleados estadounidenses —aproximadamente 15 millones— podrían perder sus puestos laborales. Este escenario representa un tipo de choque de automatización similar al que se vivió en los años finales del siglo XX. Sin embargo, Briggs considera que estos impactos serían temporales, ya que espera que la evolución de la inteligencia artificial genere nuevas oportunidades laborales a largo plazo, aunque también suponga la eliminación de puestos existentes.
Para el lector peruano, este panorama ofrece una reflexión clave sobre el rol de las tecnologías en el crecimiento económico. Aunque el Perú aún no ha implementado políticas públicas específicas sobre fondos soberanos en inteligencia artificial, el creciente uso de tecnologías digitales en sectores como la agricultura, logística o servicios públicos plantea la necesidad de diseñar mecanismos que protejan a las comunidades más vulnerables. Los datos muestran que incluso cuando las empresas generan ganancias, las consecuencias laborales pueden ser desiguales. En un contexto donde el empleo formal sigue siendo un pilar clave, es fundamental que las políticas públicas anticipen estos cambios tecnológicos, no solo para mitigar impactos, sino para asegurar que el progreso tecnológico no se convierta en una amenaza para la estabilidad laboral.
