Según Gestión, Macusani Yellowcake consolidó su derecho a 32 concesiones mineras tras una victoria en tres etapas judiciales, desde primera instancia hasta casación en la Corte Suprema. Esta resolución clave pone fin a una disputa que durante años suspendió el flujo de inversión en el proyecto de litio de Falchani, ubicado en el departamento de Puno. La empresa, filial de American Lithium Corp, corrigió al alza el capital necesario para la primera fase de desarrollo, y actualmente espera obtener el permiso ambiental que le permita transformar sus recursos en reservas probadas.
El gerente general, Ulises Solís, destacó que, aunque no se perdió ninguna concesión, el proceso judicial prolongó significativamente el tiempo de ejecución. Durante ese lapso, la compañía no solo mantuvo su operación técnica, sino que avanzó en estudios hidrogeológicos y perforaciones que ampliaron el volumen de recursos identificados. Hoy, el proyecto cuenta con 9.5 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente en recursos. Para convertir esta cifra en reservas probadas, es necesario que el Ministerio de Energía y Minas apruebe el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd), que ya fue presentado por tercera vez a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM).
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) también participa activamente en el proceso, con requerimientos específicos que la empresa debe cumplir. A fecha de este informe, la ANA ha emitido seis condiciones técnicas, que aún están siendo evaluadas. El cronograma actual indica que el inicio de la construcción se dará solo una vez que se otorgue la autorización ambiental y se resuelvan todos los aspectos regulatorios.
Para los inversores y profesionales del sector peruano, este caso representa una oportunidad clave. El litio es uno de los materiales más demandados en la transición energética, y el desarrollo de proyectos como Falchani puede contribuir a diversificar la base de producción nacional. Aunque el proceso sigue en fase de evaluación, el éxito del caso judicial es un indicador claro de que el sector minero puede avanzar con estabilidad si se resuelven los conflictos legales y ambientales con transparencia. En un contexto donde Perú busca fortalecer su posición en la cadena de valor de materiales estratégicos, proyectos como este podrían aportar no solo a la economía regional, sino también a la sostenibilidad de la industria minera en el país.