Según Gestión, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha presentado un nuevo reglamento para la comercialización de viviendas de interés social (VIS) en Lima. Este ajuste busca regular cómo se distribuyen los espacios dentro de proyectos inmobiliarios mixtos, que combinan viviendas de interés social y unidades convencionales. La norma establece que al menos la mitad del “área útil” vendible debe destinarse a viviendas de interés social, no por el número de departamentos, sino por el tamaño total de los espacios expuestos al mercado. Esta exigencia se aplica exclusivamente en desarrollos urbanos que operen bajo parámetros específicos para viviendas de interés social.
Además, el proyecto introduce una nueva categoría: Vivienda de Interés Social para Vulnerabilidad Urbana (VISVU), diseñada para familias sin vivienda y sin antecedentes de apoyo estatal. En proyectos que integran VIS, VISVU y viviendas convencionales, la VIS debe representar al menos el 40% del área útil vendible, mientras que la VISVU no podrá ser menor al 10%. En conjunto, las dos categorías deben cubrir al menos el 50% del área total ofrecida. En casos donde el proyecto incluya solo VISVU y viviendas convencionales, la participación de VISVU queda limitada al 30% del área vendible. Estas cifras se mantienen rigurosas para garantizar que los beneficios urbanísticos no se concentren en unidades de menor valor.
Para el contexto peruano, estas normas tienen un impacto directo en el acceso a la vivienda, especialmente en zonas urbanas como Lima, donde la demanda de espacios más pequeños ha aumentado. Los compradores están priorizando unidades compactas, lo que explica el alza del 26% en ventas de departamentos en la capital. Aunque el enfoque se centra en el tamaño de los espacios, el nuevo marco también busca proteger a familias vulnerables que no han recibido apoyo anterior. Esto implica que, a pesar de la creciente demanda por viviendas más pequeñas, el sistema busca mantener un equilibrio entre eficiencia del uso del terreno y garantía de acceso equitativo.
En un entorno donde el costo de la vivienda sigue siendo un obstáculo para millones de peruanos, estas medidas buscan establecer un sistema más transparente y justo. Al vincular el tamaño de las unidades con el porcentaje de viviendas sociales, se evita que los desarrolladores prioricen el crecimiento de unidades de alto valor y excluyan a sectores más vulnerables. Esto puede fortalecer la sostenibilidad de los proyectos y reducir el riesgo de desigualdades en el acceso a la vivienda urbana. Para los ciudadanos, significa que cada decisión de desarrollo debe considerar no solo el mercado, sino también la realidad social de quienes buscan construir un hogar.