Segun Gestión, la Primera Sala Comercial de Lima declaró fundada, en fecha del 21 de septiembre de 2026, la solicitud presentada por Rutas de Lima para que se reconozca el laudo arbitral emitido el 11 de mayo de 2020 y rectificado el 6 de julio de 2020. Este documento fue resuelto bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, aplicadas en Washington D.C., Estados Unidos. La decisión judicial establece que el laudo extranjero posee validez legal en el Perú, y que su efecto es equipararlo a un título ejecutivo nacional, sin que se realice una evaluación de fondo sobre el contenido de la controversia.
El acto de homologación, según el Poder Judicial, no implica un nuevo examen del mérito del arbitraje, sino un proceso formal que certifica la legitimidad de un laudo emitido en otro país. Este reconocimiento no es una decisión sobre el contenido de la disputa, sino una validación de que el resultado del arbitraje puede ser ejecutado dentro del sistema jurídico nacional. La naturaleza del trámite resalta su función de integración legal, no de revisión o reevaluación de los argumentos presentados en el proceso.
A pesar de esta resolución, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha expresado su rechazo al fallo, argumentando que el documento carece de fundamentos suficientes y vulnera principios constitucionales. La institución ha anunciado que su Procuraduría Pública iniciará, dentro del plazo establecido, una acción de amparo para proteger los derechos de las partes involucradas. Esta postura pone en evidencia una tensión entre el cumplimiento de acuerdos internacionales y el respeto a principios de transparencia y equidad en procesos administrativos.
Para los ciudadanos peruanos, este caso ilustra cómo los acuerdos de arbitraje, aunque diseñados para resolver conflictos de forma rápida y eficiente, pueden generar desconfianza si no se comunican con claridad. En un contexto donde las instituciones públicas deben garantizar la transparencia y la participación ciudadana, la forma en que se gestionan estos procesos influye directamente en la percepción de justicia. Los peruanos, al estar más cerca de las decisiones administrativas, deben estar informados sobre los mecanismos que regulan sus derechos frente a entidades privadas o públicas. Este caso refuerza la necesidad de que los procesos de arbitraje se realicen con mayor visibilidad y que sus resultados se expliquen de forma clara, evitando ambigüedades que puedan generar desconfianza en el sistema de gobierno.