Segun Gestión, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento presentó en julio una propuesta de reglamento para la Ley de Vivienda de Interés Social (Ley 32379). Este texto establece condiciones claras para quienes acceden a subsidios estatales destinados al acceso a vivienda propia, excluyendo cualquier uso comercial o rentable del inmueble. Una de las claves del nuevo marco normativo es que los beneficiarios no podrán alquilar la vivienda que reciben como apoyo estatal, ya que debe ser usada exclusivamente como residencia habitual. El régimen exige que esta ocupación se mantenga durante cinco años consecutivos, sin interrupciones ni transacciones de arrendamiento.
La norma no solo impide el uso de la vivienda como fuente de ingresos, sino que también establece que cualquier incumplimiento, como dejar de vivir en la vivienda o alquilarla, conlleva la pérdida de acceso a futuros subsidios. Además, el beneficiario enfrentará sanciones por violar las condiciones del programa. Este enfoque busca evitar que los subsidios se conviertan en instrumentos para generar rentas, lo cual podría desviar el propósito original: garantizar condiciones habitacionales dignas para las familias más vulnerables.
Desde una perspectiva jurídica, el Estado puede limitar el ejercicio de la propiedad cuando dicha restricción tiene base legal y busca un objetivo constitucionalmente válido, como el bien común. El artículo 70 de la Constitución peruana reconoce el derecho de propiedad, pero también lo regula para que se ejerza en armonía con los intereses colectivos. En este caso, el objetivo del reglamento es reducir una brecha estructural en el acceso a viviendas adecuadas, tanto en cantidad como en calidad. El abogado Miguel Flórez Galecio, de Lawtech, destacó que no se trata de una afectación arbitraria, sino de una limitación temporal y justificada dentro de un régimen especial de acceso a apoyos estatales.
Para el lector peruano, esta medida responde a una realidad crítica: muchas familias que reciben subsidios para vivienda terminan alquilando sus casas para generar ingresos, lo que desvirtúa el propósito del programa. Al prohibir el arrendamiento, el Estado busca proteger el uso adecuado de la vivienda, asegurando que las personas no solo tengan una casa, sino que también puedan vivir en condiciones estables y dignas. Aunque puede parecer una limitación, en el contexto de una alta desigualdad habitacional, este enfoque puede ser una herramienta clave para construir una sociedad más equitativa. El desafío para el futuro será garantizar que estos programas no se vuelvan inaccesibles para quienes más lo necesitan, y que se mantengan alineados con los principios de justicia social.