Segun CNBC Markets, una iniciativa legislativa bipartidista que busca aumentar la oferta de viviendas en Estados Unidos y reducir su costo, ahora es ley. La Ley del Siglo XXI para el Sector de Vivienda se convirtió automáticamente en norma el sábado, tras el presidente Donald Trump no haber firmado ni vetado el proyecto dentro del plazo establecido. Este marco legal integra múltiples medidas destinadas a fomentar la construcción de casas, ampliar el acceso al financiamiento y limitar las compras por parte de grandes instituciones inmobiliarias.
El texto establece que al reducir barreras regulatorias y impulsar a gobiernos locales a reformar sus políticas de uso del suelo y zonificación, se podría acelerar la construcción de viviendas. Bill Owens, presidente de la Asociación Nacional de Constructores, destacó que estas modificaciones buscan romper las limitaciones que históricamente han impedido un crecimiento sostenido en la oferta habitacional. Según datos del National Association of Realtors, el precio medio de una vivienda en EE.UU. alcanzó $440,600 en junio, lo que representa un incremento del 49.2% respecto a junio de 2020. Las tasas de hipotecas fijas a 30 años persisten por encima de los 6.5%, lo que agrava el costo de adquirir una casa. Además, se estima que el país enfrenta un déficit de alrededor de 4 millones de unidades habitacionales, según información de Realtor.com.
Selma Hepp, economista principal de Cotality, una empresa especializada en datos inmobiliarios, señala que el proyecto ataca directamente las principales causas del costo elevado de la vivienda: restricciones en el uso del suelo, demoras en los permisos, limitaciones en el financiamiento y obstáculos administrativos. A pesar de su enfoque estructural, los expertos advierten que los beneficios no serán inmediatos. La construcción de viviendas requiere un proceso prolongado, y los cambios en las políticas locales no se traducen en nuevas unidades en el corto plazo.
Para los peruanos, este escenario ofrece una reflexión clave sobre la relación entre política pública, regulaciones locales y el acceso a viviendas. Aunque el contexto estadounidense es distinto, el desafío de un déficit de oferta y de tasas de interés elevadas se manifiesta en múltiples economías. En Perú, donde el mercado inmobiliario también enfrenta presiones por crecimiento poblacional y demanda creciente, esta ley sirve como ejemplo de cómo las reformas estructurales pueden ayudar a mitigar el costo de la vivienda. Aunque el impacto no será rápido, el hecho de que se haya aprobado una medida tan ambiciosa refuerza la necesidad de políticas públicas que promuevan la construcción, el acceso al crédito y la revisión de las normativas locales. Así, el caso de EE.UU. invita a reflexionar sobre qué tipos de intervenciones pueden ser replicables en contextos latinoamericanos, especialmente en países donde la vivienda sigue siendo un derecho fundamental, no un bien de lujo.