Según Gestión, la startup peruana Juztina ha posicionado su plataforma de inteligencia artificial como una alternativa eficiente y segura para el sector jurídico, especialmente en un entorno donde el acceso a normativas oficiales es fragmentado y costoso. La empresa, fundada en 2023 por Manuel de la Colina, Michael Rokes y Rodrigo Álvarez, nació como respuesta a las largas jornadas que los profesionales del derecho deben dedicar para localizar leyes, resoluciones y sentencias dispersas en múltiples bases de datos o aún no digitalizados. Su tecnología se basa en un sistema de recuperación de información (RAG), que permite a la herramienta consultar exclusivamente documentos almacenados en sus propios servidores, sin recurrir a internet. Esto evita que la IA genere respuestas erróneas o inventadas, asegurando que cada respuesta esté respaldada por normativas oficiales.
La diferencia clave frente a modelos abiertos como ChatGPT radica en esta autenticidad de fuentes. Mientras que plataformas genéricas extraen datos de internet, Juztina limita su base de conocimiento a documentos públicos y jurídicos del Estado peruano. Así, cada consulta se resuelve con base en información oficial, lo que fortalece la confiabilidad del resultado. El modelo operativo se estructura como una suscripción mensual o anual, similar al modelo de streaming de Netflix o Spotify. Actualmente, el 90% de los usuarios son abogados independientes, aunque el crecimiento estratégico se enfoca en empresas que requieren acceso a servicios legales estructurados. Para 2024, se lanzará una versión premium con modelos de IA más potentes, cuyos precios alcanzarán cuatruplicar la tarifa actual: US$ 10 mensuales y US$ 100 anuales.
Para el lector peruano, este desarrollo tiene un impacto directo en la práctica profesional del derecho. Muchos abogados, especialmente en entornos pequeños o regionales, enfrentan dificultades para acceder a información legal actualizada y verificada. Juztina ofrece una solución que reduce significativamente el tiempo de búsqueda y mejora la precisión de los resultados. En un país donde el acceso a normativas puede ser inestable o tardío, una herramienta que recopila leyes y jurisprudencia en tiempo real y de forma confiable, representa una mejora real en la eficiencia y calidad del servicio jurídico. No solo es una innovación tecnológica, sino una herramienta práctica que puede democratizar el acceso al derecho, especialmente para profesionales que no cuentan con equipos técnicos o grandes recursos digitales.