Según Gestión, un proyecto legislativo presentado en el Congreso busca eliminar barreras que impiden que jóvenes accedan a sus primeras prácticas laborales. La iniciativa modifica la Ley 28518, sobre modalidades formativas laborales, y el Decreto Legislativo 1401, que regula las prácticas en el sector público. Su núcleo se centra en prohibir que empresas privadas exijan experiencia previa, desempeño anterior en tareas similares, cursos de especialización, diplomados o cualquier formación complementaria como requisito para participar en prácticas preprofesionales. El objetivo es que la selección de estudiantes se base únicamente en su formación académica, alineándose con el propósito de que estas prácticas sirvan como espacio de aprendizaje inicial.
En el sector público, la propuesta establece medidas paralelas: no se permitirán exigencias de experiencia previa ni estudios adicionales. Aun así, se mantiene la obligación de realizar concursos públicos para la selección de practicantes. El proyecto no aborda directamente las prácticas profesionales, sino que se enfoca exclusivamente en las preprofesionales. Esto significa que los jóvenes podrían comenzar su trayectoria laboral sin necesidad de cumplir con requisitos que a menudo son imposibles de alcanzar, especialmente para quienes aún no han iniciado su carrera.
El impacto en las empresas es significativo. Si se aprueba, deberán reevaluar sus criterios de selección, dejando de lado condiciones que históricamente han sido usadas para filtrar candidatos. Esto podría generar un aumento en la diversidad de los jóvenes que ingresan al mercado laboral, reduciendo así la brecha entre la formación académica y la realidad laboral. No obstante, las empresas podrían seguir solicitando competencias técnicas o habilidades específicas, siempre que estas no se vinculen a experiencias previas. Cualquier incumplimiento de la prohibición podría enfrentar sanciones administrativas, aunque el detalle de estas no está detallado en el texto original.
Para los jóvenes que buscan su primer paso en el empleo, este cambio representa una oportunidad real. En Perú, donde más de un millón de jóvenes entre 15 y 24 años están en riesgo de desempleo o trabajo informal, estas prácticas son un pilar clave para su desarrollo profesional. Al eliminar barreras como la experiencia previa o diplomas adicionales, el sistema favorece a quienes aún no han tenido acceso a puestos de trabajo. Esto no solo facilita el ingreso al mercado laboral, sino que también promueve una mayor inclusión, especialmente para personas con discapacidad, que podrían beneficiarse de políticas más accesibles.
El proyecto no solo transforma procesos internos de selección, sino que también reafirma el rol de las prácticas como herramienta educativa, no como filtro de exclusión. En un contexto donde el empleo formal sigue siendo limitado para jóvenes, esta medida podría ser un punto de inflexión para mejorar la calidad y equidad del acceso al trabajo.